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Carme Forcadell, expresidenta del Parlament / EFE

Forcadell alega que no hubo violencia y pide archivar la causa por rebelión

La expresidenta del Parlament presenta un recurso en el que considera que debería ser llevada a juicio exclusivamente por desobediencia

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Carme Forcadell ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que alega que no puede ser juzgada por rebelión, ya que no hubo ningún acto de violencia ni un alzamiento. Es por esta razón que ha pedido este martes que sólo se la juzgue por desobediencia. Su abogada, Olga Arderiu, asegura en el escrito que la expresidenta del Parlament es una persona “absolutamente pacifista” que abandonaría sus ideas antes de “permitir ningún acto violento”.

Los demás miembros de la Mesa del Parlament han sido procesados por desobediencia, un delito asociado a una pena máxima de dos años de inhabilitación. En el caso de la rebelión, en cambio, las condenas pueden alcanzar los 30 años de cárcel. Forcadell argumenta que “anhelar” la independencia de Cataluña no es delito. Pese a apuntar que sólo se la puede procesar por desobediencia, el recurso recuerda que como diputada goza del privilegio de “inviolabilidad parlamentaria”, por lo que debería ser exonerada.

Manifestación en Economía

En cuanto al principal hecho sobre el que el juez del Supremo Pablo Llarena sustenta el delito de rebelión, la manifestación del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía, defiende que no se produjo un “alzamiento violento y público”, sino que se concentraron de forma espontánea miles de ciudadanos. Continúa que sufrieron daños “exclusivamente dos vehículos de la Guardia Civil, sin que resultara herida, ni siquiera mínimamente, ninguna persona”.

El acato a la aplicación del artículo 155 de la Constitución también se expone en el documento. Forcadell asegura que aceptó las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno y que esto demuestra “objetivamente” que no había la “más mínima intención de usar la violencia para alcanzar la independencia”. 

La expresidenta del Parlament se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes, cuando el magistrado la envió a la cárcel tras anunciar su procesamiento, así como a Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull. 

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