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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa / JESÚS HELLÍN (EP)

El fondo del Govern para pagar al Tribunal de Cuentas, otro órdago a Pedro Sánchez

Solo el Gobierno, con un recurso de inconstitucionalidad, puede paralizar el fondo millonario creado por la Generalitat para pagar las fianzas impuestas a los dirigentes independentistas

7 min

No por anunciado, el fondo creado por el Govern para pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas (TdC) a dirigentes independentistas ha provocado menos polémica.

El foco está, de nuevo, en Pedro Sánchez. PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado que emprenderán medidas judiciales, pero el Gobierno es el único que, mediante un recurso de inconstitucionalidad, puede paralizar el decreto ley aprobado ayer, que da luz verde a un fondo dotado inicialmente con 10 millones de euros para rescatar económicamente a dirigentes como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas y otra treintena de altos cargos y funcionarios. En conjunto deben abonar un total de 5,4 millones.

¿Malversación?

La iniciativa, que el Govern venía estudiando desde hace días y que ha generado tensiones entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat), ha dado lugar a fuertes críticas por parte de Ciudadanos, PP y Vox. “Es inadmisible que el Govern nos quiera hacer pagar otra vez por los excesos de los partidos separatistas”, aseguró el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, quien anunció que su partido acudirá a la Justicia. Por su parte, el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha ironizado al respecto. “Malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo. Luego vendrán los lamentos”, ha dicho. El líder catalán de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que “los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, acuden al rescate de los condenados por malversación. De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo”.

Más cautos, y a la espera de que se publique el decreto ley, PSC y En Comú Podem exigen que la medida tenga respaldo legal. Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rehusó valorar si esas ayudas de la Generalitat a los investigados independentistas es "malversación o menoscabo de fondos públicos", a la espera de conocer el detalle del decreto. El propio Sánchez, desde Estonia, aseguró que "si está sujeto a derecho nada que objetar y, si no está sujeto a derecho, evidentemente tendremos que recurrirlo".

Entidades sociales también han denunciado la decisión de la Generalitat de acudir en auxilio de los investigados por el TdC. Convivència Cívica Catalana asegura en un comunicado haber interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y todos sus consellers por "asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas". "Un fondo con el dinero de todos para cubrir a los que malversaron. Es el colmo de la jeta y la desfachatez", afirma Sociedad Civil Catalana, mientras que Impulso Ciudadano ha advertido de que “los recursos públicos no se pueden usar para cubrir la responsabilidad civil de políticos que han actuado en contra de la ley”, por lo que reclaman que “quien esté legitimado impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) este atropello”.

Las normas del TC

¿Pero quién puede acudir al Alto Tribunal?. Están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados --el PP y Vox los tienen, pero Ciudadanos no-- y 50 senadores. La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, salvo en el supuesto de que el presidente del Gobierno recurra una ley, disposición o acto con fuerza de ley de una comunidad autónoma y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y aplicación. En este caso, el TC debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses. Así lo establecen las normas que regulan el funcionamiento de este tribunal.

De ahí que el foco de la oposición política, así como de la citada entidad, está ahora en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, como se sabe, acaba de iniciar una nueva etapa de distensión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, canalizada a través de una mesa de diálogo que reemprenderá sus reuniones en la tercera semana de septiembre. La creación de ese fondo supone, por tanto, otro órdago para el líder socialista, pues el independentismo catalán ha respondido a la concesión de los indultos y la excarcelación de los presos del procés con nuevas exigencias, que pasan por la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

La presión de JxCat y ANC

Asimismo, la iniciativa liderada por el consejero de Economía, Jaume Giró --propuesto por JxCat-- viene precedida de las presiones de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), cuya presidenta, Elisenza Paluzie, aplaudió la iniciativa. No obstante, advirtió de que "no sabemos cuánto resistirá la medida tomada por la Generalitat, porque la represión del Estado español no se detiene”. Por ello, considera “imprescindible” nutrir la Caja de Solidaridad creada en su momento para ayudar a los encausados. En medios parlamentarios se asegura que la iniciativa ha generado tensiones entre ERC y sus socios de JxCat.

La Abogacía del Estado se ha apartado de la causa contable y no presentará demanda en este proceso sobre el gasto en proyección exterior de la Generalitat. Por todo ello, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido a Sánchez que aclare si va a evitar la "inadmisible malversación" que, a su juicio, representa ese fondo. Asegura que se trata de un "fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado" y ha anunciado que el PP denunciará por malversación y prevaricación al Govern y recurrirá solicitando la inhabilitación de los que aprueben ese fondo.