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El alcalde de Oliana, Miquel Sala (i), junto al alcalde de Pont de Suert, José Antonio Troguet (d), a su llegada a los juzgados de la Seu d'Urgell el martes pasado / EFE

Fiscalía mete presión a los secretarios de municipios independentistas

La Guardia Civil requerirá copia de los documentos de apoyo al referéndum que se han firmado en 31 ayuntamientos catalanes

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La Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía, se personará a lo largo de este lunes en 31 ayuntamientos catalanes para requerir copia de los documentos de apoyo al referéndum independentista que se han publicado en estas corporaciones. Pone el foco en los funcionarios estatales para saber si habrían validado el documento de convocatoria firmado por los alcaldes sobre la votación del 1-O.

Los primeros en recibir la petición de los agentes han sido los ayuntamientos de Oliana, Almacelles y Tàrrega, todos ellos en la provincia de Lleida.

El alcalde de la primera, Miquel Sala, ha explicado a los medios locales la llegada del cuerpo de seguridad con el mandato de la Fiscalía, que ha sido registrado. Como respuesta, han entregado el documento que había firmado la secretaria de la localidad en el que se decretaba que el referéndum era ilegal. Sala fue, precisamente, uno de los primeros alcaldes en declarar por su apoyo al 1-O el martes 19 de septiembre.

Cesión de locales

Además de pedir información sobre los decretos de convocatoria, Fiscalía también reclama a los secretarios los informes que existieran para ceder locales el próximo domingo. Algo que demostraría que los alcaldes sí han incurrido en un ilegalidad.

La simple firma del decreto de apoyo al referéndum tras las caóticas sesiones de desconexión en el Parlamento catalán no conforman un delito, tal y como avanzó Crónica Global. Se considerarían una simple declaración de intenciones sin la firma de los secretarios municipales, una ratificación sobre la legalidad de la medida que la convertiría en decreto municipal.

Declaración de los alcaldes

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, abrió la investigación sobre posibles ilegalidades que habrían cometido los alcaldes independentistas el pasado 13 de septiembre. Ese día ordenó a los fiscales jefes de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona abrir diligencias sobre la implicación de los primeros ediles en la organización del referéndum ilegalizado.

Casi de forma paralela a la comparecencia de la Guardia Civil en las 31 corporaciones locales, otros alcaldes comparecen ante los juzgados por esta medida. Entre ellos, el diputado del PDeCAT y edil de Tortosa (Tarragona) Ferran Bel ante la Fiscalía General del Estado a las cinco de la tarde. Le acompañarán, como es habitual, los líderes de su partido y del movimiento independentista catalán.