La Fiscalía pide prisión provisional para Millet y Montull

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado (en sustitución de Emilio Sánchez Ulled) solicita prisión provisional sin fianza hasta la mitad de la pena para los dos principales condenados por el caso Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull. El ministerio público aduce la gravedad de los hechos probados en la sentencia y el riesgo de fuga para requerir su inmediato ingreso en un centro penitenciario, tal como ha pedido este lunes en la vista sobre medidas cautelares.

Para el fiscal, la avanzada edad de ambos imputados --el expresidente del Palau de la Música y su mano derecha-- y los problemas de salud que ha manifestado Millet a lo largo del juicio, no impiden la ejecución de la condena. En el caso de la hija de Montull y exdirectora financiera de la institución, Gemma Montull, y del extesorero de CDC Daniel Osàcar, la Fiscalía solicita la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados por las defensas. 

En silla de ruedas

Ante el argumento de la Fiscalía del riesgo de fuga, el abogado de Millet, Abraham Castro, ha dicho: "No existe riesgo de fuga; mi cliente se encuentra discapacitado con enormes problemas de movilidad (ha entrado en silla de ruedas), así que difícilmente se puede escapar a no ser que le pongan un turbo a la silla de ruedas".  

La Audiencia de Barcelona condenó el pasado 15 de enero a nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet, a siete años y medio a Jordi Montull, a cuatro años y medio a Gemma Montull, y a cuatro años y cinco meses a Daniel Osàcar. Los cuatro han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo.  

La decisión del juez

Es probable que la decisión del juez sobre las medidas cautelares no se conozca este mismo lunes. El tribunal no tiene un plazo concreto para pronunciarse sobre las peticiones de la Fiscalía y los recursos de las defensas de los cuatro condenados a penas de prisión por el saqueo de 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas a través del Palau de la Música.