Fiscalía pide imputar a Laura Borràs

La Fiscalía ha pedido este martes a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que impute a la presidenta del grupo de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs. Apuesta de esta forma por abrir una investigación sobre los contratos que adjudicó presuntamente de forma irregular cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). 

Hay 18 encargos que se otorgaron durante su mandato que están bajo la lupa judicial. Las pesquisas iniciales apuntan a que se habrían adjudicado un total de 259.863 euros a personas del círculo más próximo a la diputada sin la concurrencia pública que se requeriría por la cantidad de cada uno de ellos. Para ello, se habrían troceado las tareas para disimular la actuación.

Marchena, el magistrado instructor

Así lo apunta la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que abrió la causa contra Borràs por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad documental. La causa no puede prosperar en este tribunal por el aforamiento que recibe la política de JxCat en el Congreso de los Diputados. Desde noviembre está en manos del Tribunal Supremo, el que ahora prosigue con la instrucción.

Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el 'procés'. Ya hay sentencia / EFE

El Ministerio Público ha sido el primero en revisar la documentación que ha sido remitida desde Barcelona. Su resolución es clara, indica que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena es la competente para investigar el presunto caso de corrupción que afecta a la dirigente independentista.

Isaías Herrero, el empresario beneficiado

Las diligencias practicadas hasta la fecha indican que Borràs habría adjudicado a dedo contratos de ILC entre 2013 y 2018 a Isaías Herrero, también investigado en la causa. El fiscal Javier Zaragoza señala que la entonces directora de la empresa pública habría “abusado de dicha función” para otorgar de “forma directa o indirecta de manera arbitraria todos los contratos de programación informática” a este empresario.

Incluso tiene indicios de que ambos actuaban “de común acuerdo y de manera concertada” con el fin de “defraudar a ficha institución mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos”. Además, se habrían “falseado los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes” para “simular la participación de terceras personas independientes”, hecho que facilitaba que el contrato fuese a parar a manos de Herrero.

Cuatro empresas afectadas

Todo ello habría creado un “claro perjuicio al erario público”, concluye el fiscal Zaragoza. En cuanto a la lista de las empresas que habrían participado en esta trama corrupta, existen cuatro compañías salpicadas: las cooperativas Xarxa Integral de Professionals i Usuaries, Freelance Sociedad Cooperativa Madrileña y Smartcooper; y la mercantil APMG&CE, que lidera el también investigado Andreu Pujol.

El Ministerio Público asegura que habría jugado un papel crucial en “todos y cada uno de dichos expedientes Laura Borràs”. Apunta a que validó todo el procedimiento, desde la propuesta de contratación hasta la asignación de un gasto y el posterior pago de la factura. Por todo ello, considera que la diputada debe ser investigada.

Defensa de Borràs

La líder de JxCat en el Congreso, que estaba en plena votación del inicio de la legislatura cuando se ha publicado el auto de la Fiscalía, ha negado de frente las acusaciones y ha asegurado que la investigación por presunta corrupción es también una causa política. “Existe una voluntad de acabar con todos los que representamos una disidencia con el Estado español”, declaró este domingo.

Borràs hace referencia a las declaraciones que ya hizo en su día en sede Parlamentaria y que considera que borran cualquier duda sobre la pulcritud de sus actuaciones al frente del ILC. Si se llegara a demostrar el relato que analiza el Supremo, implicaría que la independentista también habría mentido al hemiciclo catalán.