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David Madí detenido y acompañado por la Guardia Civil para registrar su despacho / PABLO MIRANZO

La Fiscalía se opuso tres veces a las escuchas y seguimientos de la 'operación Voloh'

Anticorrupción no vio indicios suficientes para autorizar pinchazos telefónicos ni instalar geolocalizadores ni micrófonos en los coches de Vendrell, Madí y Vinyals

5 min

La Fiscalía Anticorrupción se opuso hasta en tres ocasiones a la petición de la Guardia Civil de realizar escuchas telefónicas y seguimientos a varios de los investigados en la operación Voloh, en concreto, a Xavier Vendrell, David Madí y Xavier Vinyals, acusados de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Según el ministerio público, se trataba de “una petición precipitada” y solicitó más indicios para “autorizar una medida tan gravosa”. Sin embargo, el juez Joaquín Aguirre autorizó los pinchazos y la colación de balizas y micrófonos en los vehículos.

Medida “gravosa”

La primera vez que Anticorrupción rechazó las intervenciones telefónicas fue el 28 de agosto de 2019. La Guardia Civil había solicitado la autorización de las escuchas al considerar que de otras conversaciones entre Víctor Terradellas y Madí (del 14 de mayo de 2018) y entre Terradellas y Vendrell (del 16 de mayo de 2018) se derivaban indicios “para investigar si la Generalitat de Cataluña tiene pensado el uso de criptomoneda ajena al control de la Hacienda Pública y su origen sean de dudosa ilicitud llegando incluso a suponer un desvío de fondos públicos con el que lograr la financiación irregular de sus actividades”.

Pero el fiscal Fernando Maldonado Clavero destacó que los investigados no tenían en aquel momento responsabilidades en el Govern y que no se había identificado con claridad cuál sería el dinero presuntamente malversado. Por ello se opuso a “autorizar una medida tan gravosa como es una intervención telefónica de tres nuevas personas”.

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Escrito del fiscal Fernando Maldonado por el que se opone a las intervenciones telefónicas en la 'Operación Voloh' / CG

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Cinco meses después, el 20 de enero de 2020, Anticorrupción volvió a oponerse a una prórroga de la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización de Vendrell, Vinyals y Madí.

La fiscal Teresa Duerto Argemí instó al juez a solicitar “a la unidad policial investigadora mayor información sobre el resultado de la medida hasta la fecha y sobre las razones que justifican su continuación”.

“Reuniones de interés”

El 24 de enero, la Guardia Civil argumentó que las escuchas telefónicas estaban “aportando datos de reuniones de los investigados” que consideraban “de interés” para esclarecer los hechos investigados, puesto que “estas reuniones serían de difícil cobertura sin la ayuda de los medios técnicos o se pondría en riesgo la investigación” sin dichas medidas técnicas.

El magistrado autorizó la prórroga de las intervenciones telefónicas y de los geolocalizadores y micrófonos instalados en los vehículos de los investigados.

Tercera oposición

En julio de 2020, Anticorrupción rechazó por tercera vez en un año las escuchas telefónicas y la colocación de micrófonos y geolocalizadores en los coches de los imputados.

El fiscal Maldonado insistió en que ninguno de los investigados tenía un puesto de responsabilidad en el Ejecutivo de la Generalitat; que no se había identificado con claridad cuál era el dinero presuntamente malversado, y que la creación de una criptomoneda no es un delito.

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