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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, junto a la consellera de Salud, Alba Vergès, y el conseller de Interior, Miquel Buch. Independentistas / EP

La fiscalía se opone a prohibir las reuniones de más de 10 personas en Barcelona

Considera la medida "desproporcionada" y acusa a la Generalitat de "no justificarla adecuadamente"

6 min

La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto este viernes a prohibir las reuniones de más de diez personas en la capital catalana y en la primera corona de su área metropolitana, denegando así la autorización pedida por la Generalitat para imponer esta medida ante los numerosos rebrotes de la pandemia de coronavirus.

Así lo sostiene el fiscal en un informe enviado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona, al considerar que la medida del Govern "es desproporcionada y la Administración solicitante no la justifica adecuadamente".

Acepta el resto del decreto

La fiscalía, en cambio, sí avala el resto de recomendaciones y medidas anunciadas para frenar los contagios en el entorno de la capital catalana. Como, por ejemplo, la limitación de aforos planteada por la Generalitat, que está a la espera de la resolución judicial para activar estas restricciones tanto en la primera corona metropolitana como en las comarcas leridanas del Segrià y La Noguera.

El Govern ha recomendado en todas estas zonas que durante los próximos 15 días no se salga de casa si no es imprescindible y ha planteado la prohibición de las reuniones de más de diez personas, además de limitar al 50 % el aforo en bares y restaurantes y cerrar cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios. El Ejecutivo catalán, asimismo, también ha planteado prohibir las visitas en las residencias de ancianos y aconsejaque se vaya con cita previa a los locales comerciales.

Exceptuando el caso de las reuniones, la fiscalía cree que las medidas que solicita la Generalitat "no ofrecen problema jurídico alguno" en lo que respecta a las recomendaciones, ya que son una "concreción geográfica" del plan de desescalada aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril. Y lo mismo ocurre con el cierre de determinados establecimientos o la limitación de aforo por el riesgo de concentración de personas.

Limitación de un derecho constitucional

En cambio, la prohibición que pretende imponer la Generalitat a las reuniones de más de diez personas implica, según el ministerio público, la limitación de un derecho consagrado en la Constitución y sólo se puede autorizar si la medida está "justificada" y es "proporcional" al fin perseguido, lo que no ocurre en este caso, según el fiscal.

En este sentido, subraya que ni el estado de alarma ni la situación de emergencia sanitaria actual "constituyen por si mismos" una "justificación jurídica" que sea "apta y suficiente" para prohibir reuniones o manifestaciones.

"Si algunos problemas plantea su limitación con base en la declaración del estado de alarma, muchas son las dificultades para acordar una limitación en otras circunstancias que no son excepcionales", señala.

Sólo aplicable en casos concretos

Además, sostiene que la prohibición "generalizada" de reuniones de más de diez personas "no se ajusta" a la doctrina constitucional, porque "solo en cada caso concreto podría la autoridad valorar si se han previsto medidas de limitación de contagios y actuar en consecuencia, impidiendo la concentración de personas".

Según la fiscalía, la propia resolución de la Generalitat "combate ese riesgo" al prohibir a los afectados con sintomatología o que hubieran estado aislados o en cuarentena participar en estas reuniones, algo que sí cree que justificado, ya que el riesgo existe "cuando alguno de los asistentes está contagiado".

"Situación insólita"

El ministerio público recuerda que la propuesta del Govern para que los ciudadanos solo salgan de casa por causas justificadas se suma a la de las autoridades sanitarias para evitar aglomeraciones.

"Si se opta por apelar a la responsabilidad personal de los habitantes de dichas poblaciones y acto seguido se prohíben absolutamente reuniones que de suyo implican desoír ese llamamiento, es evidente que la Administración duda de que la gente siga las recomendaciones sanitarias", argumenta.

Según el fiscal, es "público y notorio" que el coronavirus "pone en peligro la vida, integridad y la salud colectiva de las personas" y ha originado una "situación insólita" en que "por primera vez" la democracia se ha visto en la necesidad de enfrentarse "ante un desafío de tal magnitud".

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