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El juez Llarena en una imagen de archivo

Fiscalía investigará el acoso a Llarena

El CGPJ ha puesto los ataques al juez del Supremo en conocimiento del ministerio público, y ha pedido al Gobierno protección para él y su familia

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denunciado los ataques sufridos hoy por el juez Pablo Llarena tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y ha pedido al Gobierno que establezca medidas de protección del magistrado. Asimismo, ha informado a la Fiscalía de los hechos para que investigue a sus autores.

Pintada de Arran en casa del juez Pablo Llarena en Das (Cerdanya) / ARRAN

Pintada de Arran en Das (Cerdanya)

Arran, la rama juvenil de la CUP, ha hecho una pintada en Das (Cerdanya) con la palabra "Fascista" dirigida al juez, pero al parecer, se han equivocada de casa. Asimismo, en las redes sociales se ha instado a hostigar al juez, con la divulgación de la dirección de sus domicilios particulares.

Otros ataques en sedes judiciales

Según informa en un comunciado, el CGPJ "ha tenido conocimiento del ataque producido en las inmediaciones de una las residencias del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en una localidad de Cataluña. Y asimismo también ha tenido noticia de actuaciones similares que se han producido en las sedes judiciales de diversas localidades de Cataluña".

La Comisión Permanente del Consejo considera "que estas acciones entrañan una manifiesta coacción sobre el Magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial". Por ello, procede a dar  cuenta de estos hechos al Ministerio del Interior a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección del Magistrado agredido y de su familia, así como de los restantes Jueces y Magistrados en Cataluña". 

Respeto a la ley

Asimismo, ha informado a la Fiscalía General del Estado "para que se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido". El CGPJ hace una llamada a la "sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia; pero advierte que, en todo caso, amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña”.

La declaración ha sido aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.