Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
La Fiscalía Superior de Cataluña, que investiga los avales del ICF / CG

Fiscalía arranca la investigación del fondo de rescate independentista del ICF

El ministerio público cita a declarar a los miembros del Instituto Catalán de Finanzas contrarios a avalar las fianzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas

3 min

La Fiscalía ha activado la investigación contra el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por haber aprobado la concesión de avales a dirigentes independentistas investigados ​​por el Tribunal de Cuentas. Según avanza el diario Ara, el Ministerio Público ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno del ICF que participaron en la reunión para conceder los avales.

Se inicia la investigación con los miembros de la cúpula del instituto que no avalaron la decisión, todos ellos sin militancia política y nombrados en anteriores legislaturas por la Consejería de Economía. Se trata de Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró, que votaron en contra de los avales, y el consejero delegado de la institución, Víctor Guardiola, que se abstuvo.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos, después de qu eel ICF aceptara avalar con el Fondo Complementario de Riesgos del Govern las fianzas de los 34 exmiembros del ejecutivo a los cuales el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros.

Sin concretar delitos

El fiscal, no obstante, ha comenzado sus diligencias sin concretar delitos. El Ministerio Público descartó investigar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, los cuales están pendientes de otro procedimiento por una querella presentada por Vox y Convivencia Cívica catalana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Serán estos magistrados los que decidirán si la admiten a trámite.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) consideró que el decreto que amparaba la concesión de los avales era constitucional, mientras que el Gobierno no presentó ningún recurso a los tribunales. El CGE defendió que la creación del fondo complementario de riesgos va dirigida a "defender los intereses propios" del Govern cuando considera que ha ejercido sus competencias "de manera conveniente y ajustada al marco estatutario y al ordenamiento jurídico".