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Imagen reciente de Javier Monzón, presidente de Prisa / EFE

La fiscalía implica al empresario Javier Monzón en el 'caso Púnica'

La aceptación por parte de la Audiencia Nacional afectaría a la transparencia del Grupo Prisa y a Openbank, las entidades que preside en la actualidad

02.08.2019 19:29 h.
7 min

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, que impute a Javier Monzón, actual presidente de Prisa y de Openbank, en su calidad de antiguo presidente de Indra, además de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Anticorrupción ha presentado un informe al juez de la Audiencia Nacional en el que pide que cite a todos ellos como investigados.

De aceptarlo el juez, pasarían a engrosar la lista de investigados en la pieza número 9 del caso, que se centra en el supuesto "desvío de fondos" para financiar de manera irregular campañas electorales. Y en el caso de Monzón podría afectar a la transparencia del grupo mediático que edita El País, así como las exigencias de neutralidad que el Banco Central Europeo (BCE) exige a las entidades financieras de la zona euro. 

Las implicaciones

Las fuentes consultadas han explicado que se sospecha que Aguirre pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del partido con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos, como Indra.

Cifuentes participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y, además, era patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se sospecha que se desvió dinero. 

Las mismas fuentes también han confirmado la solicitud de citar a declarar como investigado al expresidente regional Ignacio González, principal investigado en el caso Lezo, donde también se analiza parte de la supuesta contabilidad paralela de los populares madrileños.

Menos piezas separadas

Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reordena la macrocausa y reduce de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se lleva investigando desde 2014.

Una labor que el ministerio público ha tardado seis meses en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa. En él se han precisado los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación --que ha llegado a superar las 200 personas-- "con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil", según informa Anticorrupción en un comunicado. En este sentido, se solicita nuevas declaraciones de investigados, testigos, así como aportación de más prueba documental.

Aguirre asistió a las reuniones

Todo ello después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situara a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a los populares madrileños.

Esta investigación se inició tras el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que puede leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

No obstante, los investigadores han implicado a Aguirre en escasas ocasiones recientes. La primera vez fue en un informe del pasado mes de marzo en el que sitúa a la expresidenta madrileña --sin concretar la fecha ni el papel que desempeñó-- en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos empresas de Daniel Horacio Mercado que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007 por unos 151.500 euros.

La agenda de González

La siguiente vez que Aguirre fue señalada expresamente por la UCO fue en el último informe entregado al magistrado instructor en el que se indica que, según la agenda de González, la expresidenta madrileña asistía junto a él y otras autoridades del Gobierno autonómico a reuniones con Indra --cuando estaba presidida por Javier Monzón--, que supuestamente habría financiado con 566.497,58 euros la campaña electoral de 2011 a través de contratos falsos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este asunto.

A través de Fundescam

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam --vinculada con el PP de Madrid-- a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".

Otro informe de la Guardia Civil también destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. Estas adjudicaciones se relacionan con las donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, que, de igual manera, habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.