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El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJC donde prosigue el juicio del 9N / EFE

El fiscal mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para Mas por el 9N

Los voluntarios asumen la responsabilidad de una votación que se encontraron organizada, mientras que la Guardia Civil afirma que la web de la Generalitat estuvo activa tras la suspensión del TC

09.02.2017 12:36 h. Actualizado: 22.05.2019 19:31 h.
3 min

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición inicial de 10 años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación para el expresidente Artur Mas por la organización de la consulta del 9N, mientras que en el caso de Joana Ortega (exvicepresidenta) e Irene Rigau (exconsejera de Enseñanza, mantiene su solicitud de nueve años de inhabilitación. Las defensas insisten en pedir la absolución.

Las partes expondrán sus informes finales mañana, cuando está previsto que el líder de PDEcat haga uso de su derecho a decir la última palabra, antes de que la vista quede vista para sentencia.

Previamente, el fiscal ha presentado nuevas pruebas documentales relacionadas con la logística de la consulta --entrega de ordenadores, urnas, cesión de locales escolares y la campaña institucional de la Generalitat--.

Los voluntarios

A lo largo de la mañana han declarado también voluntarios de la organización del 9N, quienes han asumido la responsabilidad del proceso participativo, sin que en el material electoral aparecieran logos de la Generalitat. No obstante, han admitido que se encontraron organizado todo el operativo de la votación.

En la fase de las pruebas periciales han comparecido hoy dos agentes de la Guardia Civil, autores de un informe sobre las redes informáticas utilizadas en la consulta. Han explicado que había un programa con diferentes aplicaciones sobre dónde votar, recuento, generación de archivos o listado de voluntarios. Ese programa permitía almacenar los datos para un posterior tratamiento mediante otro programa.

Han asegurado que en los días 4, 7, 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2014 --tras la prohibición del Tribunal Constitucional y de la celebración de consulta-- se introdujeron contenidos en la página web de la Generalitat. En principio, la paralización o actualización de la página web debe hacerla el administrador, pero no una persona ajena. Han explicado que en el módulo de inscripción de los voluntarios aparecía el logotipo del Gobierno catalán. No obstante, los agentes han admitido que esa web podía replicarse.