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La candidata de JxCat, Laura Borràs, junto a Puigdemont

El final político de Borràs y Puigdemont complica la mesa de diálogo

La reforma de la sedición irrumpe en la cumbre de Sánchez y Aragonès tras el aval a la extradición del fugado, mientras que la petición de cárcel para la independentista apuntala el plante de JxCat

6 min

Aunque Junts per Catalunya (JxCat) no participa oficialmente en la mesa de diálogo, sus líderes están presentes como convidado de piedra. El aval europeo a la extradición de Carles Puigdemont y los avances en la causa judicial de Laura Borràs vuelven a poner el foco en la amnistía y la reforma de la sedición que siempre ha reclamado Pere Aragonès, que hoy se reúne en La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez.

Ambas partes son posibilistas y conscientes de que ni hay mayoría en el Congreso para afrontar cambios en el delito de sedición, y menos todavía para aprobar una ley de amnistía. Sin embargo, las novedades en los procesos judiciales que afectan al fugado y a la presidenta del Parlament exigen mover ficha a Gobierno y Generalitat. También a JxCat, que redobla su rechazo a participar en esa mesa, como quería Sánchez, ante la petición de cárcel de la fiscalía para su líder.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los Premios Pymes 2022 / CEDIDA
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los Premios Pymes 2022 / CEDIDA

Pocos avances se esperan en la reunión que tendrán hoy los dos presidentes, más allá del gesto de deshielo que supone tras el CatalanGate y la recuperación del diálogo después de las elecciones andaluzas. Y tal como publicó Crónica Global, una reforma del delito de sedición tampoco garantizaría una salida digna para Puigdemont, mientras que la investigación de Borràs nada tiene que ver con la “represión”: así lo asegura ERC, pues se trata de un caso de presunta corrupción.

El desenlace de todo ello, obviamente, puede tener repercusiones políticas. Faltan diez meses para las elecciones municipales, que los independentistas afrontan desunidos, ávidos de medir su músculo electoral y calibrar su estrategia de pactos. Por su parte, Pedro Sánchez, explican desde su entorno, está más centrado en la evolución de la crisis económica que en la carpeta catalana, reabierta en el reciente Debate del Estado de la Nación.

La UE abre la puerta a la extradición

Ayer, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a España en su conflicto con Bélgica, y abrió la puerta a extraditar a Puigdemont y otros dirigentes del 1-O que permanecen fugados en ese país. Por su parte, se supo que la fiscalía ha pedido seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas.

Borràs, sucesora de Puigdemont al frente de Junts per Catalunya y, sobre todo, de un sector duro del partido cada vez menos influyente, insiste en atribuir su causa a una “persecución política”. No lo cree así ni ERC ni la CUP, lo que preconiza un inminente cese como presidenta de la Cámara catalana --el reglamento contempla la apertura de juicio oral y el procesamiento como causa inhabilitante--, sin apenas oposición. Excepto la de su propio partido, que ahora más que nunca, rechaza participar en la mesa de diálogo, como pide Sánchez, en un intento de visualizar un frente común en la resolución del conficto por la vía política.

No obstante, el fin político de Puigdemont y Borràs está acelerando el giro moderado de JxCat. La posible candidatura de Xavier Trias como alcaldable por Barcelona y la apuesta de varios dirigentes por la sociovergencia son claros ejemplos que, además, preocupan a ERC.

Jordi Turull (i), Laura Borràs (c) y Josep Rius (d) en la reunión de la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya
Jordi Turull (i), Laura Borràs (c) y Josep Rius (d), en la reunión de la nueva ejecutiva de Junts per Catalunya

Y es que el adiós de Borràs y Puigdemont quitaría presión independentista a los republicanos, que siempre se han resistido a soltar lastre definitivo de sus socios por temor a ser acusados de botiflers, pero apuntala a JxCat como competidor en esa centralidad electoral que también representa el PSC.

La extradición de Puigdemont no será inmediata, aunque podría coincidir con la campaña de las municipales o incluso de las generales, si es que las circunstancias económicas eclipsan el tirón mediático que supone para Sánchez la presidencia del Consejo Europeo en 2023. Sin embargo, la reforma del delito de sedición prometida en su día por el PSOE y que aparentemente podría suponer un gran gesto de cara al independentismo, no parece estar entre las prioridades del Gobierno. Entre otras cosas, porque no hay mayoría parlamentaria suficiente. A día de hoy, quienes deben emprender esos trabajos legales no han recibido ningún encargo. Y, en cualquier caso, una rebaja de los delitos que contempla la sedición no evitaría que Puigdemont pasara por la cárcel.