Es el apaño de la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, a una familia filoconvergente al eludir la regulación de un circuito ilegal de cross durante años cuando era alcaldesa de la localidad de La Garriga (Barcelona), tal y como denuncian los vecinos. La empresa, fundada por el expiloto de rallies Marc Guasch y cercana a la extinta CDC, acumulaba quejas por el ruido de los vehículos. Pese a ello, el trazado operó sin permiso durante más de tres años. No ha sido legalizado hasta enero de 2020, con la consejera fuera del consistorio.
Según los críticos, Budó "toleró y favoreció" La Sorrera Bike Park desde su fundación en 2016 hasta que dejó de ser alcaldesa de La Garriga en marzo de 2019. ¿Por qué? "Porque se trata de una empresa ligada a un cargo histórico de CDC, ahora Junts per Catalunya (JxCat)", denuncian los residentes. Según las mismas fuentes, la pequeña empresa de bicicletas de bicicross "generó un infierno para los residentes, con entrenamientos cada fin de semana en zona forestal y, de vez en cuando, carreras con centenares de personas".
Los mismos vecinos precisan que su lamento se centra en "el tráfico continuo de 4x4 y furgonetas cargadas de bicicletas para remontarlas hasta el punto más alto del circuito", desde el que saltan montaña abajo. "Con las bicis no tenemos nada en contra: es una actividad privada. Lo que molestaba es el hecho de que tuvieran que remontarlas, generaban humo, ruidos y molestias en la urbanización de Els Tremolencs. Y todo ello, sin licencia", explican.
La Generalitat confirma: "Se legalizó en enero de 2020"
Fuentes del departamento catalán de Territorio y Sostenibilidad confirman la denuncia vecinal. La Sorrera Bike Park inició actividades a finales de 2016 en un bosque privado de La Garriga, según sus redes sociales. La apertura al público se produjo en febrero de 2017. ¿Contaba con licencia? "Se presentó un proyecto para legalizar a la Comisión Territorial de Urbanismo del Arco Metropolitano de Barcelona (CTUB). Éste fue enmendado y se aprobó de forma definitiva el 22 de enero de 2020", indican desde la consejería liderada por Damià Calvet. "El departamento dio el visto bueno a una actividad preexistente, la legalizó. Tras ello, la operativa necesita licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de La Garriga", añaden.
En otras palabras: el club de cross de La Garriga operó sin legalizar desde el 18 de febrero de 2017 al 22 de enero de 2020. Durante aquel periodo, Budó y su equipo de Gobierno dejaron hacer pese a las continuas quejas de los vecinos, tal y como reivindican los afectados. Hubo incluso una interpelación de ICV en el pleno municipal en 2019. En vano. El circuito se mantuvo operativo, ajeno a las múltiples actas levantadas por la policía municipal. Además, cuando la gerencia trató de legalizarlo, Territorio les riñó porque sus pistas cruzaban un camino público. "Se instó a corregir este punto. Después, hay un informe de un técnico municipal en el que insiste en que se mantiene el incumplimiento", agregan desde el mismo departamento, que también forma parte del ámbito de JxCat.
Vecinos: "Se les dejó por ser cercanos a JxCat"
Por su parte, el actual equipo de Gobierno de La Garriga (ERC) se ha limitado a indicar que la actividad "tiene permiso". Tiene razón, pero no dice toda la verdad. La actividad de La Sorrera Bike Park cumple la normativa sólo desde hace 13 días. Concretamente, desde el 22 de enero de 2020, cuando Territorio le dio el OK en la CTUB. Así lo avanzó la propia alcaldesa del municipio, la republicana Dolors Castellà, en el pleno de diciembre.
Antes, la empresa de Marc Guasch, exparticipante en el Rally París-Dakar y compañero de entrentamiento de la también piloto Laia Sanz, funcionó durante más de 100 fines de semana sin licencia alguna, pues el Ayuntamiento de La Garriga no se la podía dar. "Se lo toleraron porque Guasch es quien es --participante en el Dakar e hijo de un cargo de CDC--. Pero jamás nadie dio explicaciones de qué licencia tenía el circuito. La propia Budó aseguró en un pleno que sí lo tenía. Mintió", aseguran los residentes.
La empresa culpa a la Administración
Por su parte, desde la compañía han enfatizado que el permiso de La Sorrera "existe, tras un retraso no atribuible a la empresa, sino a las administraciones". Según la gerencia, la pyme "es también víctima, pues ha sufrido la desidia de las instituciones". "Nosotros entramos los papeles en tiempo y forma. Hemos sido maltratados", sentencian.
El propio Marc Guasch ha defendido a este medio que su empresa "aporta mucho valor al municipio, con un puesto de trabajo a tiempo completo y cuatro parciales, además de carreras con hasta 600 personas que inyectan dinero en la hostelería local". Desde su punto de vista, las quejas vecinales "son injustificadas y no se sostienen de forma legal", pues él y su equipo "utilizan una vía pública, con vehículos legales, para remolcar bicicletas hasta un circuito que está en un terreno privado".
