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El exresponsable del Diplocat Albert Royo

El exresponsable del Diplocat juega a la confusión y se desmarca del 1-O

Albert Pérez ha recalcado que la actividad de los observadores intenacionales estuvo desmarcada de la celebración de la consulta

13.03.2019 13:38 h.
7 min

"Hay una confusión en los atestados policiales y en los medios de comunicación. Se mezcla Diplocat con Exteriores y son cosas distintas". Albert Royo, exsecretario general del Diplocat, órgano que según la Fiscalía financió la Generalitat para difundir el mensaje y los objetivos independentistas a nivel internacional, ha asegurado durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que la entidad de la que es responsable nada tenía que ver con la organización del referéndum del 1-O: “nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana en el ámbito exterior”.

En un interrogatorio que ha entrado de lleno en el terreno del derecho público y privado y en el debate sobre la naturaleza jurídica del Diplocat, la fiscal Consuelo Madrigal ha puesto sobre la mesa las consideraciones del Ministerio Público sobre la financiación del ente --según su tesis, aquél se nutre de recursos públicos que le proporciona la Generalitat, que se hace cargo de todos los gastos de locales, personal y servicios necesarios para su funcionamiento, y está sometido al control financiero de la Intervención General del Govern-- mientras Royo, en la actualidad funcionario de la Comisión Europea, ha intentado mostrarlo como un organismo independiente con pluralidad de visiones entre sus integrantes.

“¿Tiene el Diplocat una participación mayoritaria de la Administración pública catalana?”, le ha inquirido Madrigal. “Si me pregunta por el voto, sí, aunque en cinco años no hubo ningún voto y todo se aprobaba por consenso”, le ha respondido el testigo, quien ha buscado justificar la autosuficiencia de la entidad aludiendo, incluso, a la relación de “cierta tensión” que “siempre ha habido entre el Govern y el Diplocat”: “nosotros siempre marcábamos las distancias que considerábamos que había que marcar según los estatutos”, ha insistido tras ser interpelado sobre las comunicaciones que mantenía con el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, uno de los acusados del procés. “No éramos un Ministerio de Exteriores ni nada parecido”.

El papel de los observadores internacionales

De hecho, al ser preguntado sobre los “supuestos expertos” que, en palabras de la acusación pública, habría contratado la Generalitat para analizar el contexto político de Cataluña entre el 4 de septiembre y el 8 de octubre de 2017 “desde la perspectiva del proyecto secesionista y la necesidad del referéndum”, Royo ha rechazado tajante este hecho, asegurando que el Diplocat no pagó “ningún honorario a observadores internacionales”. Lejos de convencerse ante la respuesta, Madrigal ha buscado conocer si el órgano pagó algún gasto relacionado con los observadores con tarjeta de crédito, lo que ha vuelto a negar el testigo.

En concreto, según el relato de hechos de la Fiscalía, fueron designados un total de doce expertos internacionales, todos ellos profesionales de las consultas electorales, ocho de ellos investigadores y cuatro de apoyo administrativo. “Todos viajaron a Cataluña en esas fechas y en alguna ocasión desde el mes de junio. Cada uno realizó un contrato individual con Diplocat para sus honorarios. Aparte se asumieron sus gastos de desplazamiento, alojamiento y alquileres de despachos ya que parte del trabajo se realizó en Barcelona”. Los honorarios ascendieron a 114.592 euros y el resto de gastos, a 62.712.

Royo, quien está siendo investigado en la causa sobre el referéndum abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona --lo que no le ha impedido declarar como testigo--, ha apuntado que la intención de los observadores pasaba por realizar "un análisis sobre las relaciones entre España y Cataluña", desconociendo incluso si finalmente se celebraría la consulta del 1-O.

Foros por 40.591 euros

La fiscal se ha referido, asimismo, a los dos foros que acogió Barcelona en los primeros meses de 2017 con el objetivo de internacionalizar el conflicto y ha citado una cifra concreta: 40.591 euros, un desembolso que se habría realizado a través de la tarjeta de crédito del Diplocat para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y estancia de los expertos. En total fueron invitados treinta diputados y eurodiputados de Eslovenia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Mónaco, Suecia y Reino Unido, a quienes el Diplocat se encargó de prepararles un recorrido por los centros de votación del 1 de octubre.

El testigo ha recalcado que esta actividad estuvo desmarcada de la celebración de la consulta, puesto que se trataba de un programa de visitantes internacionales habitual en el Diplocat. “La hacíamos casi cada mes. Querían estar en esas fechas en Cataluña para saber lo que sucedía. Se producían visitas cuando había hechos noticiables, como Sant Jordi o la apertura de las fosas de la Guerra Civil en junio de 2017". El testigo ha asegurado que nunca tuvo contacto con representantes gubernamentales en relación con el referéndum aunque sí, de forma puntual, con embajadas internacionales para tratar otros asuntos.

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