Expresidentes de la Generalitat y del Parlament piden liberar a los presos durante el juicio del 1-O

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont y los del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert han reclamado hoy que durante el juicio en el Tribunal Supremo por el intento de secesión unilateral se adopten "medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario de las personas que actualmente se encuentran en prisión provisional".

Los exdirigentes políticos han suscrito un comunicado conjunto promovido por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el que piden "garantías para el derecho de defensa de los inculpados durante el juicio del procés", lo que se traduciría en "cambios en las condiciones de la prisión preventiva de los inculpados para que puedan llegar en plenas facultades" al juicio.

Entorpece el derecho de defensa

El texto argumenta que la prisión preventiva "tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte, de hecho, en una pena anticipada". Los que han sido presidentes del Parlament --a excepción de Carme Forcadell, una de las encausadas-- y de la Generalitat han pedido a los abogados defensores de los acusados por el procés que incluyan en sus escritos de defensa esta "apelación a las autoridades competentes que garantice el derecho de defensa" y que consideren la posibilidad de que puedan salir en libertad.

"Es un problema generalizado del sistema penal que vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia; contribuye, además, a la saturación de los centros penitenciarios, y, finalmente, puede entorpecer el derecho de defensa", argumenta la nota.

Apelan al TEDH

En cuanto al derecho de defensa, el texto enviado al Supremo destaca que "es un derecho fundamental en un Estado de derecho democrático, y cualquier persona acusada de un ilícito penal debe poder disponer de medios adecuados para ejercerlo de manera efectiva, incluyendo las condiciones materiales adecuadas, muy en especial durante la celebración del juicio oral".

En este sentido, recuerdan que así lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Largos traslados hasta la sede del Supremo

Ante el aviso del traslado a finales de este mes de los presos que están en Cataluña a cárceles de Madrid, el comunicado señala que cualquiera de los centros está a más de una hora de distancia de la sede de la Audiencia Nacional y de sus calabozos, donde tendrán que ser trasladados en vehículos policiales antes acudir cada día a la sala de vistas del Tribunal Supremo.

"Si se mantiene la situación de privación de libertad provisional de estas personas se producirán largos traslados al lugar de las vistas desde y hacia el centro penitenciario y su permanencia en dependencias judiciales ajenas al Tribunal Supremo", advierten.

Penosidad innecesaria

Según los exdirigentes políticos catalanes, todos estos traslados dificultarán el contacto continuo con sus letrados "y limitará sin razón legal su participación activa en su propia defensa, por lo que se restringe innecesariamente este derecho".

"Este traslado diario se efectuará previsiblemente durante varios meses, lo que significa una penosidad innecesaria añadida a los fines de la prisión provisional", añade el comunicado, que Rafael Ribó también ha enviado a los defensores del pueblo de España y a los responsables de derechos humanos del Consejo de Europa "por si consideran oportuno apoyar la iniciativa".

Segundo comunicado en un mes

Hace un mes, los expresidentes de la Generalitat y los del Parlament --incluida Forcadell--, también sumaron sus firmas en otra iniciativa promovida por Ribó.

En aquella ocasión, hicieron un llamamiento a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn para que abandonaran la huelga de hambre que habían iniciado tres semanas antes. Una petición que fue atendida por los presos.