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El máximo órgano de transparencia expedienta a la Consejería de Educación, cuyo titular es Josep Bargalló, por ocultar el porcentaje de castellano que se usa en los colegios / EFE

Expedientan al Govern por ocultar la nula presencia del castellano en los colegios

El máximo órgano de transparencia de Cataluña insta a sancionar a la Consejería de Educación por no facilitar los proyectos lingüísticos de los colegios a la Asociación por una Escuela Bilingüe

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La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha instado al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, a sancionar por infracción muy grave a su Secretaría General por no atender la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos concertados.

Sólo ha facilitado 116 proyectos lingüísticos de los más de 700 centros concertados que hay en Cataluña.  La GAIP ha requerido en cuatro ocasiones al departamento la entrega a la presidenta de la AEB de los proyectos lingüísticos de los centros concertados y no lo ha hecho. 

Negativa de la consejería

En julio de 2019, la AEB solicitó a la Consejería copia de los Proyectos Lingüísticos de los centros concertados (PLC) sustentados con fondos públicos que ofrecen enseñanza en las etapas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación especial. El departamento respondió negativamente a esta petición, alegando que facilitar esta información era “un trabajo de compleja elaboración”

La denegación del derecho de acceso a los PLC fue recurrida ante la GAIP, que en octubre de 2019 reconoció el derecho de la AEB y concedió un plazo de dos meses al departamento para que pusiera a disposición de la reclamante los PLC. Expirados los dos meses y después de que la AEB denunciara no haber recibido ninguna comunicación, el departament pidió una ampliación del plazo a lo que se opuso la GAIP exigiéndole que de inmediato ejecutase el requerimiento (diciembre de 2019).

Advertencias del GAIP

En febrero de 2020, y después de dos nuevas advertencias de este organismo, Educación solicitó a los centros concertados que subieran a una plataforma virtual los PLC, sin establecer ninguna fecha de vencimiento ni ningún mecanismo para supervisar su ejecución. El resultado es que, hasta la fecha, solo 116 de los más de 700 centros concertados, han entregado a la AEB copia de su PLC.

Como consecuencia de todo ello la GAIP ha dictado una resolución censurando el comportamiento del Govern de la Generalitat e instándole a abrir expediente sancionador a Nuria Cuenca, actual Secretaria General de Educación. Corresponde al consejero Josep Bargalló ordenar la incoación del expediente y dar cuenta de la tramitación a la GAIP. En su resolución, indica que es la Secretaría General de Educación, de la que depende la dirección de centros privados y concertados, la que debería haber recabado y facilitado los PLC, estableciendo y comunicando los plazos de entrega a los centros y asegurando que esto se produjera. Por el contrario, no ha actuado con diligencia y eficacia, y ha incumplido con su deber como administración pública de respetar el derecho de acceso a la información, vulnerándolo reiteradamente.

"Actitud obstruccionista"

La apertura del expediente sancionador no evita el cumplimiento de la obligación de entregar la información, de manera que el departamento ha vuelto a ser requerido para con esa finalidad. La AEB denuncia la "actitud obstruccionista del departamento que ha bloqueado deliberadamente de forma reiterada y con opacidad el acceso a los proyectos lingüísticos de los centros concertados", así como "el incumplimiento del deber de transparencia con los ciudadanos y la actitud rebelde y desobediente, impropia de un organismo público en democracia, hacia la GAIP, el organismo encargado de hacer efectiva la transparencia en la administración catalana" Por todo ello, solicita del Govern de la Generalitat "que no eluda su responsabilidad, facilite la información y expediente y releve en el cargo a los responsables de lo ocurrido".

Según un informe de la AEB elaborado en 2019 en base a 2414 proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos, el 99,9% de ellos no se consideraba al castellano como lengua vehicular de enseñanza, con la consiguiente exclusión ilegal del español.