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Jordi Turull (i) y Josep Rull (d), a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado jueves 2 de noviembre / EFE

Los exconsejeros del PDeCAT y Jordi Sànchez piden su excarcelación

Turull, Rull y el líder de la ANC argumentan ante el Tribunal Supremo que no se cumplen los supuestos alegados por la juez Lamela

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Los exconsejeros del PDeCAT Josep RullJordi Turull y el líder de la ANC Jordi Sànchez han solicitado comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye las causas judiciales por el procés, Pablo Llarena, y han pedido su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela.

Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por Lamela contra el expresidente autonómico Carles Puigdemont --huido en Bélgica-- y sus 13 exconsejeros por la celebración del referéndum secesionista ilegal del pasado 1 de octubre.

La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la AN acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del Govern el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre. Pero este lunes, ambas causas han sido asumidas por el Tribunal Supremo.

Igual que ERC

Tanto el exvicepresidente autonómico Oriol Junqueras y los exconsellers de ERC, como los del PDeCAT y los líderes de la ANC y Òmnium, se han apresurado a solicitar al juez Llarena su libertad. Entienden que este juez es más flexible que Lamela, puesto que dejó en libertad con fianza a los miembros de la Mesa del Parlament.

Turull y Rull ya presentaron otro recurso la semana pasada ante el Tribunal Supremo en el que pidieron su puesta en libertad alegando que habían acatado "expresamente" el artículo 155 de la Constitución, sin ofrecer ni promover ninguna "resistencia", por lo que a su parecer no existe riesgo de reiteración delictiva.