Un ex vicepresidente del TC alerta de que plantear el 27S es similar a un golpe de Estado

El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ramón Rodríguez Arribas ha advertido este lunes de que los plebiscitos son "instrumentos políticos" propios de "los que han dado un golpe de Estado" para "legalizar su actuación" o "conseguir el respaldo democrático del líder carismático que fue designado de otra manera".

En una entrevista en la Cadena COPE, el magistrado ha subrayado que 'plebiscito' y 'elecciones' son "términos completamente antagónicos" y convertir una cosa en la otra es un "fraude de ley" y un "disparate político y jurídico" que si se consuma finalmente "podría llegar a la nulidad absoluta". Además ha añadido que los plebiscitos "no están en la legislación española ni en la europea".

Un fraude de ley detectable por las declaraciones y actos previos y posteriores

Arribas ha apuntado que el fraude de ley "sí se puede detectar aunque no se diga expresamente" en el decreto de convocatoria de elecciones. "Cuando se quiere descubrir un fraude de ley lo que se hace es recurrir a los actos y a las declaraciones de los que la realizan, las coetáneas anteriores y posteriores al acto, y por otra parte a la prueba de presunciones que, una vez determinado un hecho cierto perfectamente determinado, de él se deduce con claridad meridiana y con carácter racional una consecuencia", ha explicado. Sin embargo, ha señalado que "lo normal es que se oculte celosamente la finalidad y la forma" en estos casos.

"Cualquier fraude de ley se determina no por las palabras del propio defraudador realiza para establecer la forma en la que lo va a perpetrar, sino por las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores al acto defraudatorio", ha añadido.

Recurrible por parte del Gobierno

Preguntado por el procedimiento de impugnación de un decreto de convocatoria de elecciones en el caso de que sea detectado un fraude de ley ha respondido que la competencia la tiene "exclusivamente" el presidente del Gobierno y que se trata de una decisión de carácter "jurídico" y "político de decisión gubernativa".

"No seré yo quién le diga al presidente el Gobierno [Mariano Rajoy] lo que tiene que hacer porque él seguro que lo sabe de sobra", ha sentenciado.