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Palacio de Aduanas, antigua sede del Gobierno Civil en Barcelona, propiedad del Estado / CG

El Estado reforma el edificio más codiciado por el independentismo

El Ejecutivo tiene previsto licitar este año las obras de la antigua sede del Gobierno Civil en Barcelona, que forma parte del inventario secesionista de 370 bienes a incautarse

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El Gobierno español ha elegido el supuesto año cero del independentismo catalán para sacar a concurso las obras de rehabilitación del antiguo Palacio de aduanas de Barcelona, situado en el Pla de Palau, uno de los edificios que forma parte del inventario secesionista en caso de independencia.

Durante años, este emblemático edificio fue la sede del Gobierno Civil y, debido a su deterioro, tuvo que ser cerrado, lo que obligó a trasladar las dependencias de la Delegación del Gobierno a la calle Mallorca, donde actualmente ha abierto despacho la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el marco de la llamada operación diálogo.

El verano pasado, el Consejo de Ministros aprobó la partida destinada a sufragar las obras, un total de 12,1 millones de euros a pagar en cuatro anualidades hasta 2019. Los trabajos son ambiciosos, pues la idea es volver a albergar las dependencias de la representación del Estado en Cataluña, así como abrirlas al público, dado el rico patrimonio artístico que alberga.

Una lista abultada

La licitación de las obras en el mismo año en el el Govern ha programado el referéndum tiene un punto de provocación. Este palacio, construido a finales del siglo XVII y que ocupa una superficie de 7.500 metros cuadrados, forma parte del listado de edificios que los independentistas quieren incautarse tras la desconexión de España.

El listado no ha parado de crecer desde que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), a través de su sectorial de Arquitectura, asumió la tarea de registrar los edificios pertenecientes al Estado y que, según afirman, deberían pasar a manos de la "futura república catalana". La lista alcanza ya los 370 bienes a confiscar y, entre ellos, figuran cuarteles, almacenes, residencias, aeropuertos, inmuebles en desuso y aparcamientos, entre otros.

El informe La distribución de activos y pasivos, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, contempla negociar la "distribución del patrimonio nacional" en caso de secesión, lo que afecta a "bienes de interés cultural, bienes muebles inventariados y el resto del patrimonio histórico español". Eso afectaría a bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico.