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Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco

El Estado pagará 1.400 millones de euros a Euskadi por los retrasos del Cupo vasco

El Gobierno central devolverá esta cantidad tras resolver las "discrepancias" en el cálculo de la partida desde 2007

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El camino hacia la aprobación de los presupuestos de 2017 topa con el primer coste: el Estado pagará 1.400 millones de euros a Euskadi tras resolver las “discrepancias” en el cálculo del Cupo que existían desde 2007.

El Cupo es el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos. Se regula por leyes quinquenales, y la última data de 2007. A pesar de las discrepancias por el método de cálculo y ante la ausencia de pacto, el País Vasco ha seguido abonando anualmente estas cantidades que, tras la revisión del acuerdo, le salen a devolver.

El Cupo que viene

Resuelto el Cupo de los quinquenios 2007-11 y 2012-16, el siguiente paso era acordar el siguiente periodo (2017-21). Euskadi abonará 956 millones de euros al Estado en 2017, una vez descontados 344 millones correspondientes a las políticas activas de empleo. Esta cifra servirá de base para calcular el dinero que el País Vasco pagará durante los próximos cinco años. 

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha comparecido hoy ante los periodistas en Vitoria para detallar el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos, con el que se pone fin a diez años de encontronazos entre las dos administraciones. Él y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, han firmado el pacto en Madrid.

Liquidación

El texto acordado será aprobado en una Comisión Mixta del Concierto Económico a celebrar en la segunda quincena de mayo. Azpiazu ha destacado que supone entrar en “un periodo de estabilidad financiera” tras “normalizar y regularizar” las relaciones entre ambos ejecutivos.

La liquidación arroja un saldo de 1.248 millones de euros a favor de Euskadi. El pacto contempla la valoración definitiva del periodo 2011-2015 y la valoración provisional de 2016 del coste de las políticas activas de empleo. La liquidación arroja un saldo de 152 millones de euros. En total, 1.400 millones.

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