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Prisión de Soto del Real

España, a la cola de países que recurren a la prisión provisional

El 12,7% de los reclusos de las cárceles españolas están pendientes de ser enjuiciados, lo que supone nueve puntos menos que la media europea y lejos de Francia, Bélgica e Italia

07.05.2019 00:00 h. Actualizado: 07.05.2019 00:12 h.
7 min

¿Hay un abuso de la prisión provisional en España? Las estadísticas del Consejo de Europa muestran que el porcentaje de reclusos en situación de prisión preventiva respecto a toda la población carcelaria es del 12,7% (según datos de 2017), nueve puntos por debajo de la media europea.

En Europa, el 21,7% de los internos están pendientes de recibir sentencia. Entre algunos de los países que están por encima de la media, se encuentra Francia, donde el dato es del 27,3%; también Bélgica, con un 33,4% de personas en prisión provisional; o Italia, donde llegan al 35,2%. En términos de población reclusa, en España hay 17,5 personas en esta situación por cada 100.000 habitantes, frente a los 26,9 de Francia, 30,4 en Italia o 38 en Bélgica.

Una imagen de Sandro Rosell a su salida de la cárcel / EFE

Una imagen de Sandro Rosell a su salida de la cárcel / EFE

¿Qué les ocurre a los inocentes?

La indemnización por aplicación indebida de la privación provisional de libertad, un debate que ha resurgido tras conocerse la sentencia de absolución en el caso de Sandro Rosell, se fija en el art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El precepto lleva intacto desde 1985, cuando entró en vigor la primera versión de esta ley. En los últimos años ha sido objeto de debates, recursos y críticas. Tanto es así que el artículo está bajo la lupa del propio Tribunal Constitucional desde finales de 2018 a raíz de un recurso de amparo. El motivo es que, tal como está previsto en la actual regulación, solo cabe la indemnización cuando se produce un sobreseimiento libre o en los casos de "quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado".

De acuerdo con el juez Jesús Manuel Villegas, tal como está planteada la indemnización es "muy difícil que se conceda" y considera que este precepto es "muy restrictivo". Por otra parte, de acuerdo con el juez, los magistrados que deben tomar estas decisiones a veces se ven sometidos a la "presión de la opinión pública que tiende a hacer un juicio anticipado". A esto añade que, a menudo, la solicitud previa de la fiscalía "se basa en criterios de política criminal".

El juez Jesús Villegas, autor de 'El poder amordazado', sobre la situación de la administración de Justicia en España /CG

El juez Jesús Manuel Villegas

"Demasiado rutinaria"

Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida y la UOC, considera que la prisión provisional se aplica en España de forma "demasiado rutinaria". Aunque es la fiscalía la que acostumbra a poner en marcha esta medida, el profesor recuerda que es el juez de instrucción "quien tiene la responsabilidad". Además, en muchos casos los órganos que deben revisar las decisiones de los instructores fallan, como se ha visto en el caso Rosell.

No obstante, Tamarit cree que no se trata tanto de un problema de regulación legal como de interpretación. “Una sentencia absolutoria, en algunos casos, no demuestra por sí misma la injusticia de la prisión preventiva. Esto es lo que dice la teoría”, indica. El problema, según Tamarit, está en cómo se ha aplicado este recurso procesal cuando hay otros menos gravosos que pueden lograr los mismos fines.

¿Cuándo está justificada la prisión provisional?

La prisión preventiva está regulada en los artículos 502-504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto implica que su imposición tiene un objetivo procesal, no penal. Entre ellos, se encuentran el aseguramiento de la presencia del investigado, evitar la ocultación o destrucción de pruebas, o que el investigado incurra en reiteración delictiva.

Además, la ley requiere que el delito por el que se investiga a quien ha de soportar la medida tenga una pena igual o superior a dos años. Por otra parte, es necesario que en la causa aparezcan "motivos bastantes" para creer criminalmente responsable a quien ha de sufrir el auto de prisión.

Situación en España

Aunque los datos no muestran que se abuse de la prisión provisional, la indemnización por aplicación errónea de esta medida (que, por otra parte, solo puede saberse con posterioridad) está en pleno debate. Solo el alto tribunal mediante una declaración de inconstitucionalidad, o bien la reforma de la ley, pueden eliminar la posibilidad de que se prive la libertad de un ciudadano, quede absuelto y, aun así, no obtenga una retribución.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo

Un cambio en la ley sería más acorde a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este órgano ya ha indicado que interpretar de forma restrictiva el derecho a la indemnización vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional, por su parte, podrá tener la última palabra cuando resuelva si la regulación actual es acorde a los artículos 106 y 121 de la Constitución y a los convenios ratificados por España.