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El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, a su llegada a la reunión semanal del Govern, la primera tras las elecciones catalanas del 14F / EFE

ERC se encomienda a los comunes para evitar la DUI de Puigdemont

La vía unilateral exigida por el expresidente de la Generalitat fugado torpedea las negociaciones para la investidura de Aragonès, que descarta la “ruleta rusa” que supondría una repetición electoral

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“Calma. Primero CUP y comunes. Luego, ya veremos”. Hablan fuentes próximas al equipo negociador de ERC, que acaba de anunciar una ronda de contactos con los antisistema y En Comú Podem para preparar la investidura de Pere Aragonès tras las elecciones del 14F. Y por supuesto, con Junts per Catalunya (JxCat). Sin embargo, la candidatura de Carles Puigdemont ha intensificado en las últimas horas su presión a favor de una independencia unilateral y de trasladar la unidad secesionista al Congreso.

Ello supone desmantelar la estrategia que, hasta ahora, han mantenido los republicanos. Las exigencias neoconvergentes tensan demasiado la cuerda cuando todavía no han empezado formalmente las negociaciones, por lo que Esquerra comienza a asumir que el cierre de los acuerdos de investidura no se resolverá tan rápidamente como estaba previsto. La DUI que reclama JxCat es una propuesta de máximos, por lo en que ERC crece el convencimiento de que hay que dar prioridad a un pacto con la formación de Jèssica Albiach, con la que Aragonès negoció los presupuestos de la Generalitat para 2020 en contra de la voluntad de JxCat.

"Hablar con todos para que no haya acuerdo"

“Esquerra intentará hablar con todos los independentistas y los comuns para que no se pongan de acuerdo”, ironizan fuentes parlamentarias. “Y así justificar un gobierno en solitario o con los comunes”, remata.

Pero la aritmética parlamentaria complica la posibilidad de esa investidura, pues ERC tiene 33 diputados y En Comú Podem, 8. Es ahí donde entraría en juego una fórmula que, de momento, es objeto de un veto cruzado: el apoyo del PSC a esa coalición de izquierdas desde la oposición que, cuando menos, garantice que leyes importantes, como la de las cuentas de la Generalitat, salgan adelante. ERC ha excluido de sus contactos a Salvador Illa quien, a su vez, insiste en que se presentará a la investidura. Albiach promueve un tripartito, pues sabe que se debe a los pactos de PSOE y Podemos en el Gobierno español.

Los analistas auguran menos de dos años de mandato a un hipotético gobierno de ERC y JxCat, lo que no solo sumiría a Cataluña en más inestabilidad económica y social, sino que allanaría el terreno a una mayoría amplia de los socialistas. ¿Una repetición electoral? “Ese escenario es una ruleta rusa para todos los partidos”, apostillan las mismas fuentes.

Directrices desde Waterloo

JxCat insistió ayer de nuevo en la DUI de una forma algo retorcida, pues lo hizo a través del Consejo para la República, una especie de gobierno paralelo con sede en Waterloo a mayor gloria de Carles Puigdemont. ERC se desmarcó pronto de este órgano, mientras que la CUP asistió por cortesía a la Asamblea de Representantes Fundacional, celebrada el pasado 19 de diciembre. Ya es oficial que ese Consejo funciona por y para Puigdemont, por lo que el mensaje lanzado ayer avanzó cuáles son las condiciones que los neoconvergentes van a poner encima de la mesa en su reunión con Aragonès.

Por un lado, acordar una hoja de ruta compartida para “culminar el proceso iniciado el 1-O” y "preparar las condiciones para un ejercicio exitoso de la unilateralidad”. Y, por otro, un "frente común de las fuerzas independentistas representadas en las Cortes españolas para incrementar su fuerza en una eventual negociación con el Gobierno del Estado que tenga por objetivo la amnistía y la autodeterminación". Unos postulados bendecidos por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), protagonista de los momentos más álgidos del procesismo.

La prudencia de la CUP

Las exigencias de la CUP, un partido que siempre se ha caracterizado por su maximalismo identitario, se ha limitado por el momento y a la espera de concretar cita con ERC, a hablar de “autodeterminación y políticas sociales”. El 27 de febrero celebrará un Consejo Político ordinario para decidir cuáles son los principales elementos de las negociaciones.

No descartan ningún escenario, incluida la participación, por primera vez, en un gobierno donde se especula con su responsabilidad al frente de la Consejería de Interior. El programa de la CUP contempla reducir el cuerpo de los Mossos d’Esquadra a la mínima expresión, lo que hace rememorar la época del gobierno tripartito y las polémicas protagonizadas por ICV en ese negociado.

El reparto de cargos, inconfesado elemento de negociación de toda investidura, supone otro escollo para la supuesta alianza entre ERC y JxCat, que durante tres años han protagonizado duros enfrentamientos como socios de gobierno. Los ataques cruzados, que han incluido reproches mutuos sobre algo tan serio como la gestión de la pandemia, preconizan esa legislatura corta que no garantiza un crecimiento postelectoral para ninguna de los dos partidos independentistas. Y, desde luego, se hace difícil pensar en un gobierno con perfiles ultraliberales como Joan Canadell o Josep Costa --su activismo contra ERC es conocido--, junto a republicanos o cupaires que defienden un modelo de país tan diferente.