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Pere Aragonès en un acto de campaña para el 14F / EP

ERC reclama una investigación interna de los Mossos tras las presiones de la CUP

El independentismo cede ante los antisistema para asegurar la buena marcha de las negociaciones pese al malestar creciente en la policía catalana

6 min

Las manifestaciones violentas por la condena del rapero Pablo Hasél han abierto un nuevo frente en las negociaciones para formar Govern tras el 14F. La CUP, consciente de que sus nueve escaños son imprescindibles para cerrar cualquier pacto de gobierno independentista, ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar a fondo el modelo policial catalán.

Para los anticapitalistas, la "brutalidad" de los Mossos a la hora de contener a los violentos marca un punto de inflexión en las conversaciones. O se revisa la actuación de los antidisturbios, o la formación se apeará de cualquier acuerdo con ERC y Junts. De fondo está el intento tanto de posconvergentes como republicanos para aliarse cuanto antes con el partido liderado por Dolors Sabater. Así, tras haber recabado el apoyo de los antisistema, cada uno se vería con más fuerza para exigir al otro sus condiciones para formar gobierno.

Cesión de ERC

Más allá de estos cubileteos políticos, la amenaza de la CUP ha surtido efecto. Tras cuatro noches de altercados en Barcelona, ERC ha pedido este sábado a la Consejería de Interior que abra una investigación interna para dilucidar si ha habido casos de mala praxis en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra durante los disturbios.

En un comunicado, los republicanos reiteran su "rechazo absoluto" a la sentencia contra Hasél "porque vulnera la libertad de expresión", al tiempo que piden al Departamento, en manos de sus hasta ahora socios de JxCat, una investigación "ágil y diligente" sobre el operativo policial. La vicesecretaria de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret, ha destacado que "el derecho de manifestación se ha de garantizar siempre" y "en caso de que no sea así, las actuaciones policiales se han de revisar para, si es necesario, depurar responsabilidades para no poner en duda la profesionalidad de todo un cuerpo".

Disturbios en Barcelona por cuarta noche consecutiva en protesta por la detención de Pablo Hasél / EFE

 

Disturbios en Barcelona por cuarta noche consecutiva en protesta por la detención de Pablo Hasél / EFE

Debate sobre los antidisturbios

No es la primera vez que la Brimo --la unidad antidisturbios de la policía catalana-- genera fricciones en el seno del secesionismo. Durante la presidencia de Quim Torra, el consejero Miquel Buch estuvo en el punto de mira por determinadas cargas en las que estaban involucrados activistas de los CDR. En aquella ocasión, el expresidente ordenó una auditoría que, tras medio año de pesquisas, terminó con una mera declaración de intenciones enfocada a mejorar la capacidad de respuesta de la estructura policial.

Sin embargo, las consecuencias políticas de aquella investigación fueron más allá. De hecho, en la remodelación del Govern llevada a cabo por Torra hacia el final de su mandato se cesó a tres consejeros, uno de los cuales fue el propio Buch --los otros dos fueron Àngels Chacón (Empresa) y Mariàngela Vilallonga (Cultura)--. La cabeza del conseller se vio, por un lado, como un gesto hacia el independentismo callejero, pero también como una forma de marcar distancias con algunas actuaciones puestas en duda por Torra y otros miembros del Govern.

Indignación policial

El nuevo titular de Interior, Miquel Sàmper, asumió el cargo con la patata caliente de los antidisturbios. Ha pasado un año y medio desde la renovación de carteras, pero la cuestión sigue latente en el seno del procesismo. Durante estos días, el responsable político de los Mossos ha calibrado sus palabras para no enemistarse con los agentes y, a la vez, plantear la reevaluación del modelo de orden público en Cataluña. De este modo, ha complacido al ala más radical del independentismo que vería con buenos ojos incluso la disolución de la unidad especial.

La respuesta de distintos colectivos de mossos no se ha hecho esperar. Todas las organizaciones (SAP-FEPOL, SICME, APME, COPCAT, SPC, USPAC y SME) han criticado la tibieza del consejero y han denunciado la falta de recursos y efectivos para trabajar con seguridad en las calles. Pese a este rechazo frontal de las asociaciones, ERC y Junts han cedido a las presiones de los antisistema para granjearse sus votos de oro en una moción de investidura. Mientras tanto, el creciente malestar policial corre el riesgo de ahondar la brecha entre los uniformados y sus representantes.