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La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater (c), saluda al líder de ERC, Oriol Junqueras (d), y al candidato de ERC, Pere Aragonès / EUROPAPRESS

ERC y la CUP limitan el plazo de la mesa de negociación con el Gobierno a dos años

Republicanos y antisistema también estudian implementar una banca pública en su preacuerdo para investir presidente a Aragonès

3 min

El preacuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès como presidente del Govern incluye limitar la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat a dos años --el tiempo máximo que le queda a la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez-- y concluyen que ese espacio "solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía".

"Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la mesa de negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia", recoge el documento, que concreta que los cupaires se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central.

Dialógo

ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a "no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo"; una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que y debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.

Además de la evaluación continuada de la mesa, el preacuerdo contempla que durante la primera mitad de 2023 la mesa de negociación valorará su trabajos en caso de que sigan vigente, analizará si ha dado sus frutos y decidirá "cuáles son los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación".

Banca pública

Otro de los puntos del pacto entre republicanos y antisistema pasa por implementar una banca pública catalana "a corto plazo" en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables.

El documento incluye también el acuerdo de crear un "marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua", además de la creación de una energética pública. De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo "control público" de la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.