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Anna Gabriel (CUP), Oriol Junqueras (ERC), Marta Pascal (PDeCat) y el presidente Carles Puigdemont / CG

ERC y CUP sospechan que las chapuzas del PDeCAT sobre el referéndum son intencionadas

Altos cargos de la Consejería de Gobernación, responsable del fiasco de las urnas, se desmarcan de un ‘procés’ donde los republicanos recelan de los contactos de los convergentes con el PP

28.06.2017 00:00 h. Actualizado: 07.05.2019 16:21 h.
6 min

¿Fallo técnico o intencionalidad? La decisión del Govern de declarar desierto el concurso para la compra de las urnas del referéndum ha disparado las alarmas en ERC y la CUP, sus socios de legislatura. Llueve sobre mojado, pues ambas formaciones siempre han desconfiado de la firmeza de PDeCAT respecto a la celebración del referéndum. Además, la logística del 1-O acumula ya demasiados fallos. Y eso levanta susceptibilidades entre republicanos y cupaires. Máxime cuando todo este errático proceso coincide con la reconstrucción de puentes entre convergentes y el Gobierno del PP.

La penúltima “chapuza”, según los grupos de la oposición, ha sido el concurso para adjudicar la compra de las urnas del referéndum. El Govern alega que las dos empresas que se habían presentado no han podido demostrar la solvencia económica establecida en el pliego de condiciones, pero asegura que las urnas se comprarán por otras vías. Las alternativas a la pretendida oficialidad del referéndum unilateral se acercan cada vez más a la consulta del 9 de noviembre de 2014, donde se utilizaron urnas fabricadas por presos de las cárceles catalanas.

Argumentos poco creíbles

La consejera de Presidencia, Neus Munté, aseguró ayer que en esa anulación del concurso no ha tenido nada que ver las “amenazas” judiciales del procés. Un argumento poco creíble si se tiene en cuenta el proceder de la Consejería de Gobernación, cuya titular es la convergente Meritxell Borràs, en el proceso de licitación de las urnas. Según ha podido saber Crónica Global, la decisión de la directora de servicios de Gobernación, Josefina Valls, de desmarcarse de los trámites del referéndum ha indignado a otros altos funcionarios y cargos de confianza del departamento. “Se lava las manos”, afirma el sector independentista de la conselleria.

Se da la circunstancia de que Valls es la esposa de Jordi Baiget, consejero de Empresa de la Generalitat muy poco entusiasta con la deriva unilateral que ha tomado el referéndum. Tal como avanzó este diario, Josefina Valls no es la única alto cargo de Gobernación en dar la espalda al procés, pues otros miembros de este negociado han expresado su malestar ante un proyecto donde la consejera Borràs está dispuesta a llegar hasta el final, a pesar de la querella judicial que pende sobre ella.

El viaje de Marta Pascal a Madrid

“PDeCAT no quiere llegar hasta el final. El presidente Carles Puigdemont es el único que parece estar dispuesto a hacerlo. Digamos que las complicidades entre ERC y los nuevos convergentes no atraviesan por su mejor momento”, explican fuentes parlamentarias. A todo ello se une la reconstrucción de puentes entre los convergentes y un Gobierno del PP con el que, según los independentistas, ya no había nada que negociar. Mientras el consejero de Interior, Jordi Jané, y el ministro de interior, José Ignacio Zoido, entierran el hacha de guerra y señalan fecha para la Junta de Seguridad, la coordinadora de PDeCAT, Marta Pascal, viaja a Madrid y, según determinadas fuentes, se reúne con cargos del PP. Algo que formaría parte de la normalidad institucional, pero que choca con la consigna anticolaboracionista de los independentistas. Sin embargo, fuentes de PDeCAT aseguran que la visita de Pascal se limitó a una entrevista radiofónica y a una rueda de prensa en el Senado.

Por su parte, la CUP ha expresado su “perplejidad” ante el fracaso del concurso de adjudicación de las urnas, como ya hizo al constatar el fiasco del voto eléctronico que el Govern quería implantar para facilitar la participación de la comunidad exterior. La ley que debe permitir ese sistema electrónico no cuenta con la mayoría cualificada exigida para ser aprobada en el Parlamento catalán. Pero es que, además, solo 5.000 catalanes residentes en el extranjero se han inscrito en el registro habilitado por la Generalitat para votar, cuando el colectivo total asciende a casi 300.000.

Sin censo, sin Junta Electoral, sin personal suficiente para organizar la votación --se necesitan 100.000 personas que el Govern quiere suplir con voluntarios-- y, por ahora, sin urnas, Puigdemont tendrá que dar muchas explicaciones el próximo 4 de julio sobre la logística del referéndum. Lo hará en un gran acto en el Teatre Nacional de Catalunya. Un escenario que invita a la metáfora.