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El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (i), de ERC, y el expresidente Carles Puigdemont (d), de JxCat, encausados por el Tribunal de Cuentas / EUROPA PRESS

Encausados por el Tribunal de Cuentas garantizarán la fianza del 'procés' con sus bienes

La mayoría opta por aportar su patrimonio, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la denominada "Caja de Solidaridad", ya que el Govern no ha encontrado ningún banco dispuesto a avalar

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La mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por los gastos de promoción del procés secesionista en el extranjero depositarán bienes y propiedades personales para cubrir el máximo de la suma exigida en el plazo fijado, que expira este miércoles.

Según han informado fuentes jurídicas a Efe, los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada "Caja de Solidaridad". El Govern no ha encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y ha descartado hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad, hecho que impide usar el instrumento que se creó ad hoc para esta situación.

Mas, Puigdemont y Junqueras, entre los afectados

En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas. Mientras, el Govern mantiene la búsqueda de una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo secesionista catalán.

Un total de 31 de los 34 ex altos cargos del Govern afectados, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, se habían acogido  a este mecanismo creado por el Govern para avalar las fianzas y al que se inyectó 10 millones de euros de varias consejerías. 

A Puigdemont y a Junqueras, el Tribunal de Cuentas les exige dos millones a cada uno; a Mas, 2,8 millones; a Francesc Homs, 2,9 millones; al exconseller Raül Romeva, 2,1 millones; y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, otros 3,1 millones. Con todo, estas cantidades son las iniciales. La fiscalización sobre el presunto desvío de dinero público a financiar el procés está en una fase inicial y aún no se ha llegado a la resolución en firme. El expediente está en pleno proceso de incoación y fijar posibles reembolsos forma parte de esta fase inicial. 

Garantías personales

Según el decreto que aprobó el Govern, el fondo funcionaría con un mecanismo similar al de un seguro privado: una entidad financiera avalaría las fianzas, con un contraaval de la Generalitat que se canalizaría a través del ICF.

No obstante, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha anunciado este martes que ningún grupo financiero se ha prestado a colaborar en la operación y que la alternativa de que el ICF se haga cargo provisionalmente de las fianzas se ha descartado para no comprometer a los profesionales de la entidad.

Ante esa situación, los encausados tienen previsto de momento presentar garantías personales para cubrir de esa forma el máximo posible de las fianzas que les exige el Tribunal de Cuentas.

Posibles embargos

Las sumas que afianzar podrían completarse con los fondos obtenidos por la Caja de Solidaridad --que en los últimos días cifraba lo recaudado en cerca de un millón de euros-- y con las aportaciones que puedan hacer los partidos y entidades independentistas.

Si los ex altos cargos encausados no garantizan los 5,4 millones de euros antes del plazo máximo fijado por el Tribunal de Cuentas, que vence este miércoles, se podría iniciar el proceso de embargo de sus propiedades para asegurar las cantidades.

Albert Royo, la suma más alta

Los 5,4 millones deben ser abonados de forma solidaria por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación. Otras ocho personas fueran exoneradas una vez la delegada del Tribunal de Cuentas escuchó sus alegaciones.

La instructora fijó una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado. Es el ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) Albert Royo, el que soporta la mayor suma, un total de 3,6 millones.