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Rótulo de una inmobiliaria escrito en castellano, con una pegatina en catalán / EFE

Empresas de Barcelona pagan 20.700 € en multas por rotular sólo en castellano

Hostelería, inmobiliarias y comercio al detalle, las más perjudicadas por la Ley de Consumo de Cataluña

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Un total de 17 empresas asentadas en Barcelona se han visto obligadas a pagar 20.700 euros en 2015 por no rotular en catalán letreros, menús u ofertas de negocios. La Ley de Consumo de Cataluña se redactó en la recta final del gobierno de Jordi Pujol y tomó forma con la llegada del tripartito a la Generalitat.

A partir del año 2010, el Gobierno catalán empezó a sancionar a los comercios, actividad que se disparó sobre todo en el 2015. La propia Generalitat ha publicado los datos recientemente: el importe de las multas fue de 51.350 euros en 2014 y de 140.000 euros en 2015, lo que supone un aumento del 173%.

Un total de 68 negocios en Cataluña

El total de los negocios multados en toda Cataluña el año pasado fue de 68, y de 57 en 2014. De estos establecimientos, casi una veintena se encuentran en la Ciudad Condal. Pertenecen, sobre todo, al sector de la hostelería, de las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, del comercio al detalle en general y de reparaciones.

Tampoco se han librado de estas multas comercios del ámbito de la agricultura, ganadería y pesca; electricidad, gas y agua; servicios personales, culturales, deportivos y asociativos; transportes; vehículos a motor y material de transporte.

Lenguas cooficiales

El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha pedido que el consistorio reclame a la Generalitat dejar sin efecto las 17 denuncias por no rotular en catalán y ha reiterado el carácter cooficial de ambas lenguas.

"Estas sanciones son puramente ideológicas, y no vienen motivadas por ninguna infracción que afecte al cumplimiento de normas vinculadas al desarrollo de la actividad económica concreta que se ejerce en cada establecimiento”, sostiene Fernández.

El portavoz municipal del PP lamenta que los emprendedores barceloneses tengan que añadir sanciones ideológicas a las trabas burocráticas que, a su juicio, afectan a sus actividades económicas.