Eloi Badia retrasó el precinto de la casa okupa de Gràcia que tenía que cerrar

Eloi Badia, concejal de Barcelona en Comú responsable de Gràcia, retrasó el precinto de una casa okupa que su propio distrito había resuelto clausurar. El edil habría demorado la clausura del autodenominado Casal Popular Tres Lliris, y hoy mismo lo tendrá que defender ante el juez, pues comparece como investigado por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación por su gestión de este activo tomado a la fuerza. 

Okupas ante el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, en Barcelona / CEDIDA

Así lo indica la querella interpuesta por una comunidad de vecinos que ha provocado la imputación de uno de los pesos pesados de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, por parte del juez titular de la sala de Instrucción número 27, Francisco Javier Pauli. En el extenso escrito, de más de 80 páginas, los residentes alertan de que el precinto de Tres Lliris se retrasó o "reprogramó", como le llamaron los técnicos de Gràcia, pese a que lo había dictado el propio distrito. 

Informes de inspección

Para atestiguar que la clausura municipal se demoró, los denunciantes han aportado el informe de una inspectora del distrito de Gràcia, R. B. R., que acudió a la casa okupa el 2 de octubre de 2021 y no ejecutó la clausura pese a que había sido dictada dos meses antes. La técnica "reprogramó" la ejecución sin dar explicaciones a los vecinos. 

De hecho, los residentes que viven junto a la finca allanada pidieron por partida doble --el 7 y el 22 de octubre de 2021-- si la orden de cierre, dictada en noviembre de 2020, era firme, y qué había hecho el distrito para ejecutarla. 

"Evitar un conflicto"

La clausura del local jamás se llegó a producir. El distrito de Gràcia firmó un nuevo convenio con los allanadores poco después que les permitió continuar con sus actividades pese a que pendía sobre ellos la orden de cierre. 

Este hecho supone, según la querella, un "abandono de funciones" por parte del equipo de Badia ante una "flagrante ilegalidad". Los denunciantes hacen hincapié en que un comunicado del distrito del 4 de noviembre de 2021 admitía la situación de ilegalidad de la finca y reconocía que había dado instrucciones a los técnicos de evitar el precinto del casal para evitar un "eventual conflicto" en el barrio con los okupas. 

Cinco imputados

El juzgado de primera instancia ha citado a cinco personas como investigados por el caso de los okupas de Gràcia. Los de mayor perfil son el propio Badia y Rufino García, gerente del distrito y exjefe de servicios jurídicos de la zona. 

Una manifestación de los okupas del Casal Tres Lliris de Gràcia contra su desalojo / TWITTER

Los dos altos cargos tendrán que dar explicaciones al instructor de por qué el gobierno de barrio permitió a los squatters seguir operando pese a que okupaban un bien del Instituto Municipal de la Vivienda (Imhab, por sus siglas en catalán) desde 2017 y a que pendía sobre ellos la citada orden de cierre. 

Segunda investigación por 'okupas'

Cabe recordar que esta es la segunda investigación en curso por presunta laxitud del gobierno municipal de Barcelona con okupas. La primera fue relativa al antiguo Hotel Buenos Aires de Sarrià-Sant Gervasi. En esta finca, el consistorio frustró un proyecto de transformación del espacio en un hotel de lujo y el inmueble acabó allanado. 

Posteriormente, el ayuntamiento lo compró y lo reconvirtió en un proyecto municipal tras acusaciones de contemporizar con los radicales que habían tomado la casa e impedían empezar las obras para abrir el alojamiento de lujo. En esta causa figura como investigada la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, anteriormente número dos de la alcaldesa Colau.