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Eloi Badia, concejal de Presidencia de Barcelona, durante una comparecencia pública / CG

Eloi Badia, el concejal que ‘pincha’ con su gestión

La retirada temporal de la propuesta de creación de una funeraria pública se suma al fracaso del contrato energético municipal y su ideal de municipalización del agua del AMB

Cristina Farrés / Ignasi Jorro
01.05.2017 00:00 h.
7 min

Eloi Badia, el concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, sumó la semana pasada un nuevo varapalo a su gestión pública. Entró en el Gobierno de Ada Colau por su perfil activista. Ha sido uno de los principales artífices de la plataforma Aigua És Vida y se impulsó en ese papel reivindicativo para capitanear los grandes proyectos de BComú y llevar a buen puerto los principales planes políticos del partido. Pero ninguno de ellos ha terminado precisamente con éxito.

La semana pasada se vio forzado a retirar en tiempo de prolongación la aprobación de la creación de una funeraria pública y la venta de la participación municipal del 15% en Serveis Funeraris de Barcelona.

El revés fue doble: primero, en comisión y después, antes del Pleno municipal. "Ha faltado diálogo. Ha querido impulsar el proyecto costara lo que costara, y ha pasado lo previsible", han indicado fuentes del sector funerario a Crónica Global.

¿Qué ocurrirá ahora? "Parece que los operadores, ayuntamiento y trabajadores de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) deberán dialogar. Que es, precisamente, lo que debería haber hecho la corporación desde el inicio", han agregado.

Contrato energético

Otra de las políticas estrella del Ejecutivo de Barcelona fue la de apear a las multinacionales de la contratación energética municipal. Al vencer la concesión actual con Endesa, abrió un proceso enfocado a las distribuidoras pequeñas. El contrato que se licitaba aspiraba a marcar un precedente en la contratación pública con la introducción de una cláusula sobre pobreza energética.

Obligaba a la adjudicataria a firmar en seis meses un “acuerdo o convenio” con el ayuntamiento que tomara como “base” la “propuesta de convenio presentada por la Generalitat de Cataluña”.

El problema es que el Gobierno catalán aún no tiene ultimada esta norma. Endesa y Gas Natural llevaron el pliego de condiciones ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), que lo tumbó por la indefinición.

Presentó alegaciones fuera de plazo

El organismo también lo rechazó por un error básico del consistorio, al que se le pasó el plazo del que disponía para presentar alegaciones a las demandas de los privados. Las presentó tarde, algo que no era útil en el momento procesal.

Badia tuvo que elevar la resolución del TCCSP ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al mismo tiempo que cargaba contra “multinacionales con balances multimillonarios” que “hacen los esfuerzos por ser parte del problema” de la pobreza energética. Pero deberá preparar un nuevo concurso público.

Asimismo, ha anunciado que iniciará un proceso negociado para evitar que Endesa se quede con el servicio mientras no abre la nueva licitación. El contrato decae el 25 de mayo y Endesa mantendrá el servicio como mínimo tres meses prorrogables a otros tres. El contrato negociado solo propició la entrada de la comercializadora Nexus con un encargo de nuevo cuño menor: un nuevo lote de energía verde. 

Municipalización del agua

El servicio del agua es el gran perseguido en la oleada de municipalizaciones iniciada por BComú y sus plataformas afines, seguidas por algunos sectores del PSC. Badia también inició un proceso en este sentido en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Su puesto en el consistorio de la capital catalana le confiere el cargo de vicepresidente de Medio Ambiente.

Intentó que el Consejo Metropolitano de marzo modificara el reglamento de la empresa mixta que se encarga de la gestión del ciclo del agua participada por Agbar (70%), Criteria (15%) y el AMB (15%).

Su objetivo era preparar la compañía para que los distintos ayuntamientos pudieran descolgarse del servicio metropolitano y asumir la gestión desde empresas 100% públicas creadas para este fin. Pero se estrelló contra la burocracia y un conflicto laboral en ciernes.

Propuesta descafeinada

El problema es que el modelo de gestión integral implica que no existan activos de un municipio y otro. Es muy complejo realizar un reparto de bienes en este sentido, por no hablar del servicio que se presta desde puntos neurálgicos, como el centro de control operativo. Se controla desde una sola estación que los casi tres millones de personas que reciban el suministro de agua potable lo hagan sin problemas. Es posible alcanzar esta ratio con la alta continuidad del servicio por su nivel de tecnificación.

Más complejo es aún segregar a los trabajadores de la empresa mixta por municipios. El equipo no está dividido por zonas geográficas, se reparte por tareas. Además de las ventajosas condiciones laborales que eran imposibles de blindar si se subrogaban de una empresa mixta a una pública. En este capítulo, la negociación del convenio debería haberse iniciado de cero.

Badia también tuvo que dar marcha atrás. En el orden del día del Consejo se incorporó una propuesta de modificación descafeinada en la que, por ejemplo, no se hacía ninguna mención a lo laboral. Esta vez lo pudo hacer con mayor antelación que con el intento de crear una funeraria pública.