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Xavier Trias, Joana Ortega, Artur Mas, Francesc Homs e Irene Rigau, comparecen para pedir el archivo de la causa por el 9N tras el escándalo de las grabaciones.

El Tribunal Superior abre juicio oral contra Mas por el 9N

Declara al expresidente autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación, mientras que Rigau y Ortega serían cooperadoras necesarias

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán, Artur Mas, la exconsejera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta, Joana Ortega, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación. Los tres están acusado de organizar la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, a pesar de la prohibición judicial.

Ahora serán las defensas las que presentes sus escritos y posteriormente la sala civil y penal del TSJC fijará la fecha del juicio. Mas aparece en la resolución como autor de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación administrativa, mientras que Rigau y Ortega serían cooperadoras necesarias.

"Estrategia de desafío completo al TC"

En su resolución, la sala Civil-Penal del TSJC  afirma que el expresidente, "auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno, las también acusadas las Sras. Hbles. Joana Ortega i Alemany y Irene Rigau i Oliver, entonces como Consejera de Gobernación y Consejera de Educación, respectivamente, y con intervención también del entonces Consejero de la Presidencia, actualmente aforado ante el Tribunal Supremo" --se trata de Francesc Homs, sobre el que pesa una causa separada--, articuló "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014".

De este modo, Artur Mas "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del Tribunal Constitucional, y se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o cuando menos, dejar de truncar la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras era necesario que se produjeran en los siguientes días para preparar y desarrollar la votación señalada para el día 9 de noviembre de 2014".

La Fiscalía pide para el líder de CDC 10 años de inhabilitación, mientras que en el caso de Rigau y Ortega, solicita 9 años. El TSJC descarta aplicar el delito de malversación de caudales públicos, como pedían las acusaciones particulares, ejercidas por el Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía,  Alberto Delgado, Asociación Arca Ibérica y el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias.