El TC suspende la ley autonómica de horarios comerciales

El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado a trámite este martes el recurso del Gobierno contra la ley autonómica de horarios comerciales, con lo que esta queda automáticamente suspendida cautelarmente. La suspensión es el nuevo episodio de una larga batalla en entre el Ejecutivo y la Generalidad sobre los horarios de los establecimientos. Y no es la primera vez que pasa por el TC.

El recurso admitido hoy lo presentó hace diez días el Gobierno al entender que la última ley catalana de horarios comerciales vulnera la legislación estatal en la misma materia -que debe tener preeminencia-, ya que impone un régimen de apertura de comercios "más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal". La ley estatal permite abrir a los comercios un máximo de 90 horas semanales, mientras que la autonómica, ya suspendida, establecía un límite de 72 horas semanales.

Segunda suspensión en año y medio

Pero se da el caso de que la ley autonómica recurrida, promulgada en febrero de este año, sustituyó a la de 2004, que incluía tres artículos modificados en 2012 y ya suspendidos en abril de 2013 por el TC, también al admitir un recurso del Gobierno. De hecho, el Parlamento autonómico aprobó la nueva ley para intentar esquivar la prohibición del TC y blindar la política de horarios comerciales autonómica ante los criterios en la misma materia del Ejecutivo, partidario de una mayor liberalización de horarios.

El Gobierno de la Generalidad consideró el primer recurso como "parte de la voluntad del Gobierno central de uniformizar el comercio de todo el Estado siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid -pionera en la liberalización de horarios comerciales, en época de Esperanza Aguirre-. Además, respondió presentando su propio recurso de inconstitucionalidad ante el TC, alegando vulneración de competencias por parte del Gobierno.

Ahora el ejecutivo autonómico tiene un plazo de 15 días para presentar recurso ante el propio TC, y el Alto Tribunal dispone de cinco meses para decidir si mantiene o levanta la suspensión mientras elabora su sentencia definitiva.