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El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez interviene en una concentración convocada por entidades soberanistas ante la Delegación del Gobierno en Barcelona / CG

El soberanismo aprovecha el escándalo de las grabaciones para remontar

CDC y ERC tratan de presentar el caso como la evidencia de un "Estado de matriz franquista" del que Cataluña debe salir

María Jesús Cañizares
4 min

Se cierra el círculo. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), un organismo creado por el tripartito y que el Gobierno de CiU tuvo que asumir a regañadientes, se ha visto involucrada en una supuesta trama de conspiración contra el proceso secesionista. El tiempo ha cargado de razones a los convergentes, que votaron en contra de la creación de un organismo concebido por ERC con la finalidad de atemorizar a CiU.

Corría 2008 y el expresidente Pasqual Maragall ya había azuzado el fantasma sobre el cobro de comisiones del 3% por obra pública. Ocho años después, el director de la OAC, Daniel de Alfonso, tiene los días contados. Hoy comparecerá en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre sus conversaciones, grabadas y filtradas, con el ministro del Interior, Jorge Fernández. Puro trámite, pues su revocación parece inexorable: JxSí, Ciudadanos, PSC, CSQP y CUP piden su destitución.

"GAL informativo"

En paralelo, CDC y ERC aprovechan electoralmente el “escándalo” para predicar la independencia de Cataluña y soltar lastre de un “Estado con matriz franquista”, según palabras de Mas. Arremeten duramente contra el ministro, al que instan a dimitir, pero las críticas a De Alfonso han sido tibias. No en vano fue propuesto por Artur Mas tras el fallecimiento de su predecesor, David Martínez Madero. Los resultados de las elecciones del 26J determinarán si el “GAL informativo”, como dice el presidente Carles Puigdemont, reaviva el voto secesionista.

Si la Oficina ha sobrevivido durante estos años ha sido más por estética que por convencimiento de un Gobierno de CiU que, en 2010, heredó este organismo poco después de que estallara el escándalo del expolio del Palau de la Música. Un caso que salpicó a Convergència. Suprimir la OAC “no quedaba bien”, reconoció en su momento un miembro de la guardia pretoriana del entonces presidente Artur Mas. En efecto, la eliminación de la Oficina habría sido interpretada como un intento de CiU de taparse las vergüenzas.

Recortar gastos

Pero lo cierto es que esta entidad, pionera en España, estaba en el punto de mira de los nacionalistas, obligados a recortar gastos debido a la deuda acumulada por el Gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV).

Las competencias de la OAC provocaban duplicidades con la Sindicatura de Cuentas, con la Sindicatura de Greuges, con el Tribunal de Cuentas e incluso con la Fiscalía y la judicatura. Sin embargo, la OAC se mantuvo con un presupuesto de 4,7 millones de euros y con el magistrado Daniel de Alfonso sustituyendo al fallecido David Martínez Madero, fiscal anticorrupción que el triparto puso al frente de la OAC.

El perfil de Martínez Madero sirvió de excusa al PP para posicionarse con CiU y vetar la nueva Oficina, pues el fiscal había investigado el llamado caso Lino, un presunto fraude en las ayudas de la UE a este cultivo que puso en el punto de mira a la exministra de Agricultura, Loyola de Palacio (fallecida en 2006), entre otros dirigentes populares. 

Ironías del destino, la Oficina que propició un frente común entre CiU y PP hace ocho años aparece ahora implicada en una supuesta trama protagonizada por el ministro de Interior, Jorge Fernández, y Daniel de Alfonso, para sacar los trapos sucios de CDC y ERC.