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Desalinizadora de ATLL en el río Llobregat

El ‘procés’ sanciona a Acciona y Agbar por igual en las aguas catalanas

Los partidos independentista abren el melón de replantear el modelo de gestión general del servicio en el que debe imperar la titularidad pública

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CDC mantiene su negativa de acabar de forma inmediata con la privatización más polémica del mandato de Artur Mas, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El partido del presidente aún en funciones ha conseguido que la propuesta de acuerdo para alcanzar la independencia que Junts pel Sí ha puesto en manos de la CUP no incluya la reversión inmediata de la concesión.

En el plan de choque del documento plantea, literalmente, que la “decisión sobre la titularidad de la gestión del agua en alta [el servicio de ATLL] vendrá determinada por lo que se haya acordado sobre el modelo de gestión del agua en el seno del proceso constituyente, en el marco del cual se defenderá el modelo público de gestión”.

Acciona y Agabar

Se plantea echar al consorcio liderado por Acciona de las aguas catalanas sin plantear una fecha en concreto, pero también se dejan en el aire las concesiones que el otro actor de la guerra del agua en Cataluña, la Sociedad General de Aigües de Barcelona (Agbar), mantiene en el resto del ciclo del agua.

“El debate va más allá de ATLL, es sobre el modelo de gestión de un bien común”, manifestó el portavoz de JpS, Raül Romeva, en la rueda de prensa en la que se presentó la propuesta de pacto.

Canon del agua

El primer dardo contra el grupo participado por Suez Environnement aparece en el documento antes de que se haga mención específica a ATLL. El porcés plantea “derogar el Decreto ley 2/2014, del 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, del 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, referente a la cesión de una parte del canon del agua”.

Se modificaría de esta forma la parte relativa a la recaudación de la empresa mixta que gestiona el agua en baja en el Área Metropolitana de Barcelona y está participada por Agbar (85%) y la administración supramunicipal (15%). El sistema actual fija que la recaudación del canon la realiza la empresa privada que se encarga del servicio y después se entrega a las arcas públicas.

Rediseño del impuesto

El documento también plantea “diseñar un nuevo modelo de canon que tienda a la recuperación del 100% de los costos necesarios para cumplir con la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE”. Plantea “mejorar el tratamiento para las familias en función de la dimensión de los hogares e incorporar el impacto ambiental como criterio para el canon sobre usos industriales”.

El canon del agua es un impuesto que fija la Generalitat y se aprueba en el consejo de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Se incluye en los presupuestos de la empresa pública.