Fátima Báñez, ministra de Empleo y Sanidad en funciones, y Mariano Rajoy, presidente también en funciones / EFE

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Sanidad en funciones, y Mariano Rajoy, presidente también en funciones / EFE

Política

El PP pide ahora al Congreso que luche contra el fraude de las prácticas académicas

El partido que gobierna en funciones presenta una proposición en la que asegura que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha actuado “con gran contundencia” en el capítulo laboral

24 abril, 2016 11:33

El PP ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Empleo del Congreso para perseguir a las empresas que usan las prácticas académicas para que los estudiantes o recién licenciados trabajen a un coste laboral más bajo o, directamente, gratis. Este es el gran objetivo del enunciado, sin desarrollar medidas concretas más allá de “intensificar” la vigilancia. Lo que se ha convertido en blanco de críticas desde la oposición es que incluye un reconocimiento del trabajo hecho en este sentido en la pasada legislatura.

El partido que gobierna en funciones afirma en el texto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha actuado “con gran contundencia” contra todo tipo de fraude en el mercado laboral. Pide ir un paso más allá por la “nuevas formas de irregularidades” que han “proliferado” ante la “nueva realidad” del empleo en España.

Proposición del PP

La proposición destaca que el abuso de las prácticas académicas ataca al colectivo “más vulnerable” tras la crisis. “Existen empresas incumplidoras que utilizan a los estudiantes en prácticas para sacar rédito económico y empresarial a costa del estudiante aprendiz” que sufre en ocasiones “jornadas maratonianas, responsabilidades que exceden su función o tareas ingratas ajenas a su cometido”.

“Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude y hacer frente a las conductas insolidarias e injustas”, señala el PP en la proposición.

Reformas laborales

Rajoy ha sido criticado por el mercado laboral que ha propiciado con sus reformas laborales. Se le acusa de facilitar la precariedad y prácticas de este tipo con la desregulación de algunos ámbitos, la limitación de derechos de los trabajadores y la implementación de contratos como el de formación, que propicia situaciones como la que ahora denuncia según los críticos con la media.

La realidad es que este tipo de contrataciones han tenido poca aceptación real en el mercado. Solo el 0,58% de las altas de marzo, por ejemplo, eran de formación. La mayoría fueron a tiempo parcial o fijos pero con reducción de jornada, hecho que consolida la nueva precariedad laboral en España.