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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Govern defiende la legalidad de la Consejería de Exteriores, recurrida ante el TC

La CUP insta al desacato y Junts pel Sí acusa al PP de acabar su mandato con “tics antidemocráticos”

M. J. C.
2 min

La Generalitat ha defendido la legalidad de la Consejería de Asuntos Exteriores, que dirige Raül Romeva, después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, haya anunciado un recurso contra este departamento ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo también impugnará la Comisión de estudio del Proceso Constituyente que se ha creado en el Parlamento catalán.

La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado que la Generalitat no tiene ninguna intención de replantear la creación del nuevo departamento pues alega que se trata de una competencia “constitucional” reconocida en el Estatuto. "No hay lugar para hablar de un desacato, porque estamos convencidos de que lo estamos haciendo todo dentro del marco legal", ha dicho Munté.

Decadente

Por su parte, Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, cree en relación al anuncio del Consejo de Ministros que "el Gobierno en funciones del PP termina un mandato de la manera más decadente, con tics antidemocráticos y con un ataque frontal al parlamentarismo".

Benet Salellas, diputado de CUP, ha asegurado que el TC “ya no es un tribunal, es una mera prolongación del Consejo de Ministros. Es un órgano sin independencia y sin jueces, con simples escribas escogidos por el PP y el PSOE, y por tanto, no le queda ninguna legitimidad para dictar ninguna sentencia".

Recuerda que la declaración por la ruptura aprobada el 9 de enero especifica que "el Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".