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Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en funciones.

El Gobierno recuerda a Puigdemont que puede aprobar ayudas a la pobreza energética

Santamaría afirma que la Generalitat ha llevado al Estado ante el TC en 51 ocasiones, mientras que el Ejecutivo ha presentado 31 recursos contra el Govern

María Jesús Cañizares
2 min

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado hoy al presidente Carles Puigdemont que tiene vía libre para aprobar ayudas económicas en materia de pobreza energética y que hay aspectos de la ley catalana no recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC) que pueden ser desarrollados normativamente.

De esta forma, la número dos del Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido a la reciente cumbre política y social celebrada en Cataluña en protesta por el recurso presentado por el Gobierno ante el TC contra la ley sobre medidas de emergencia social.

Santamaría ha explicado que el TC “es el mecanismo previsto para resolver las divergencias entre Estado y comunidades autónomas, es un recurso al que la Generalitat ha acudido con frecuencia”.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo autonómico ha llevado al Estado en 51 ocasiones ante el TC, mientras que el Gobierno ha presentado 32 contra la legislación catalana. “Yo pediría un gran respeto institucional hacia el TC, que en muchas ocasiones ha dado la razón ala Generalitat. Es la manera normal de funcionar”

Nueva ley

Ha precisado que “la ley de pobreza energética no está recurrida porque analizamos muy bien con el Consejo de Estado qué puntos afectaban a la igualdad. Se han recurrido una serie de preceptos que han quedado en suspenso. La Generalitat dice que hará otra ley. Les pido que analicen las vías para que puedan hacerlo de forma plenamente constitucional. Las mismas sentencias lo indican”.

Asimismo, la vicepresidenta ha indicado que las partes no recurridas “se desarrollan normativamente o constituir los fondos económicos necesarios para ayudas económicas. Si se trata de ayudar a las personas sin recursos, pueden hacerlo. Los fondos no están ni recurridos ni suspendidos. Si aprueban una nueva ley que respeta la Constitución, el Gobierno no la recurrirá”.