El Gobierno argumentará que la Generalidad mantiene las preguntas e implica a la Administración autonómica

El Gobierno impugnará la consulta independentista alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalidad mantiene las mismas preguntas previstas para el referéndum original suspendido por el Tribunal Constitucional, y que se ha implicado la Administración autonómica con instrucciones a los funcionarios y a los Mossos d'Esquadra, aunque estas no figuren en ninguna orden oficial por escrito.

El Ejecutivo espera el informe solicitado este lunes de urgencia al Consejo de Estado para decidir cuál es la vía jurídica que escogerá para recurrir la consulta, denominada oficialmente "proceso de participación ciudadana" por la Generalidad para tratar de burlar la ley.

Está previsto que este dictamen -preceptivo pero no vinculante para presentar el recurso- sea aprobado este jueves por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por el ex presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla. De esta forma, el Consejo de Ministros podría aproba el recurso en su reunión ordinaria del viernes.

Mismas preguntas, funcionarios, vídeos promocionales y registro de votantes

El Gobierno considera que es recurrible el hecho de que las preguntas de la consulta alternativa es exactamente la misma que CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP acordaron para el referéndum original suspendido por el TC: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?. Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente: sí o no?".

Por otra parte, el Ejecutivo impugnará la implicación de la Generalidad en todo el proceso, utilizando la Administración autonómica para llevar a cabo la consulta alternativa, especialmente se ha valorado las instrucciones que se han dado a funcionarios y Mossos d'Esquadra, la difusión de vídeos animando a participar en el 9N, y la creación de un registro de votantes, entre otras cuestiones.

En realidad pretende hacer un referéndum ilegal

El Gobierno considera que estas actuaciones pueden suponer "un cierto fraude de ley", en el sentido de que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo", según advirtió hace unos días el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El Ejecutivo considera que, aunque la Generalidad lo presente como un "proceso participativo", en realidad pretende hacer un referéndum ilegal. De hecho, el propio Consejo de Estado ya dejó claro en su dictamen sobre el referéndum inicial que la Generalidad no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para "otro tipo de cosas".