Dolors Bassa sale de prisión para cuidar de un familiar

La exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa ha salido de la cárcel Puig de les Basses de Figueres (Girona) para cuidar a un familiar de avanzada edad. Lo ha hecho gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, por el que podrá disfrutar de un permiso de libertad durante tres días a la semana, a razón de ocho horas diarias como máximo. 

Bassa ha abandonado la prisión cerca de las 12.00 horas de la mañana del lunes 17 de febrero. En la puerta le esperaban varios familiares entre los que se encontraba su hermana y también política Montse Bassa, actual diputada de ERC en el Congreso de los Diputados.

Primera 'exconsellera' excarcelada por el artículo 100.2

Bassa es la primera exconsejera del Govern de Carles Puigdemont que sale de prisión mediante esta norma excepcional del reglamento penitenciario, aunque no la primera de los condenados por el conocido como juicio del procés. A primera hora de la mañana de este mismo lunes, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha dejado la cárcel Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), para cuidar de su madre y realizar tareas de voluntariado. Ella también podrá salir de prisión tres días en semana, aunque durante nueve horas en lugar de las ocho de Bassa. 

El primero de los secesionistas presos a quien se aplicó esta medida de gracia fue Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Puede abandonar la cárcel de Lledoners de lunes a viernes durante nueve horas y media para trabajar en su propia empresa, que compaginará con voluntariado, a pesar de la oposición de la Fiscalía. 

Forn y Sànchez también saldrán

Además de Cuixart, Forcadell y Bassa, el sistema penitenciario catalán ha aplicado el artículo 100.2 a dos más de los independentistas condenados por el Tribunal Supremo: al presidente de Crida per la República, Jordi Sànchez, y al exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien trabajará en el equipo legal de Mediapro tal como ha asegurado el directivo de la empresa, Jaume Roures.

El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles, integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros. Una vez aceptada la petición, se aplica de forma inmediata y debe ser comunicada al juez de vigilancia penitenciaria y este, a su vez, le transmitirá la información a Fiscalía para que se posicione sobre ella. El juez puede apoyar o revocar la decisión de la cárcel, aunque esta última opción no impide la salida de la cárcel de los presos, ya que es recurrible en los tribunales.