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José María Rodríguez, presidente dimisionario del PP de Palma.

Dimite la cúpula del PP de Palma por amparar una trama de extorsiones a empresarios turísticos

El instructor vincula a José María Rodríguez con prácticas "pseudomafiosas" realizadas mediante una "organización criminal"

Carlos Ballfogó
5 min

Veinte meses después de permanecer bajo sigilo judicial, el juez levantó la pasada semana el secreto que pesaba sobre las investigaciones abiertas en torno a una trama de extorsiones presuntamente urdida en el seno de la Policía Local de Palma y, apenas tres días después, la cúpula del PP de Palma ha presentado su dimisión por estos hechos.

Al frente, el hasta ahora presidente del partido en la capital balear, con tres décadas a sus espaldas en primera línea de la política --exconsejero de Interior bajo el último mandato de Jaume Matas y ex delegado del Gobierno en Baleares, entre otros destacados cargos--, José María Rodríguez.

"Artífice del organigrama corrupto"

El que en su día fuese mano derecha del expresidente balear ha sido señalado por varios testigos de la causa, a cuyo sumario ha tenido acceso Crónica Global, como el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" al servicio de determinados dirigentes del partido y de uno de los principales grupos empresariales de la noche en Mallorca, el Grupo Cursach.

El magistrado encargado de instruir las pesquisas desde el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital balear, Manuel Penalva, es tajante en los autos que han salido a la luz: vincula a Rodríguez y a otros altos cargos con las prácticas "pseudomafiosas" que la "organización criminal" habría llevado a cabo, exigiendo a numerosos empresarios que pagaran sobornos a los agentes en forma de sobres de dinero y acceso gratis a clubes de alterne a cambio de minimizar las inspecciones a sus establecimientos.

De hecho, el juez llega a tildar a los efectivos policiales al servicio de la trama como "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas", además de calificarles de "personas sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".

Drogas, prostíbulos y alcohol

Los investigadores apuntan en este contexto al trato desigual otorgado a unos empresarios y a otros, y asevera cómo estaban al orden del día "las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio" así como "las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios".

Uno de los testigos protegidos que ha colaborado con las investigaciones relató además ante el juez que, cuando quiso poner en marcha dos locales de ocio nocturno, el propietario de los establecimientos le advirtió de que debía hacerlo de la forma que "menos perjudicara" al conocido empresario de la noche Bartolomé Cursach, puesto que "si lo hacía enfadar, iba a tener grandes problemas".

"Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con 'La Paca', Tolo Cursach es 'La Paca' de la noche", llegó a espetarle su interlocutor en referencia a la matriarca del conocido poblado chabolista ubicado a las afueras de Palma.

Imputado en el 'caso Over'

Junto a Rodríguez, también han presentado su dimisión el secretario de organización del PP de Palma, Álvaro Gijón, y la vicesecretaria del partido, Sandra Fernández. Se da la circunstancia de que Rodríguez se encuentra imputado en el marco de otra causa, considerada la ramificación del caso Gürtel en Baleares. Se trata del caso Over, en el que el juez Castro indaga la presunta financiación ilegal de la formación y el supuesto trato de favor que, a cambio, habría recibido Over Marketing de la administración.

Es más, Rodríguez estuvo a punto de ser encausado en el denominado caso Andratx, centrado en la presunta corrupción urbanística desplegada en el núcleo mallorquín. Impulsado a finales de 2006, nadie se imaginaba entonces que la apertura de este caso, que posteriormente se desgajaría en casi 80 piezas separadas y aglutinaría más de 140 imputados --entre exaltos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios--, constituiría el primer gran golpe contra la corrupción en las islas y daría paso a más de una veintena de causas con numerosos políticos en el punto de mira de jueces y fiscales.