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El concejal de la CUP en Badalona, José Téllez, rasgando una orden judicial en 2015 / EFE

Las diez 'vaciladas' de la CUP a la justicia

La fuga no confirmada de Anna Gabriel a Venezuela es la última de una larga lista de burlas y menosprecios a la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad

09.02.2018 00:00 h.
9 min

Son las diez vaciladas de la CUP a la justicia. El debate generado en torno a la supuesta fuga no confirmada de la exdiputada Anna Gabriel a Venezuela días antes de estar llamada a personarse en el Tribunal Supremo es la última en una larga lista de burlas y menosprecios de los radicales a la judicatura y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Si finalmente la activista comparece ante el juez Pablo Llarena por la causa que investiga el referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI), Gabriel, paradójicamente, habrá roto una tradición de los anticapitalistas: no acudir a las citaciones judiciales o hacer caso omiso de las resoluciones.

1. Dani Cornellà, alcalde de Celrà (Girona), en 2015. El primer representante de la localidad gerundense es un habitual de la desobediencia de la CUP a los tribunales. Dani Cornellà no envió a la Audiencia Nacional el acuerdo de pleno en apoyo a la resolución de desconexión del Parlament aprobada el 9 de noviembre de 2015. No lo hizo a final del año ni en marzo de 2016, cuando el tribunal se lo volvió a solicitar.

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Dani Cornellà, alcalde de la CUP en Celrà (Girona) / CG

Asimismo, el Ayuntamiento de Celrà es uno de los que abre habitualmente cada 12 de octubre como un día laborable, pese a las resoluciones judiciales que lo prohíben.

2. José Téllez, primer edil de Badalona (Barcelona), en 2016. El tercer teniente de alcalde de Badalona protagonizó una de las primeras imágenes de la etapa más virulenta del procés independentista en Cataluña. Rasgó ante las cámaras la orden judicial que prohibía la apertura de las dependencias municipales el 12 de octubre de aquel año.

Acabó imputado por aquel hecho, pero reincidió. Durante los días previos al referéndum ilícito del 1-O un año después, ordenó a la Guardia Urbana de la localidad devolver los carteles requisados a Òmnium Cultural en virtud de una orden del Tribunal Constitucional. Ello le valió otra investigación penal.

3. Montse Venturós, alcaldesa de Berga (Barcelona), en 2016. La munícipe de la localidad barcelonesa fue interceptada y puesta a disposición judicial el 4 de noviembre de 2016. Había ignorado dos órdenes judiciales que la citaban a declarar por no descolgar una estelada, bandera independentista catalana, de la fachada de la casa consistorial durante las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015.

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Montse Venturós, alcaldesa de Berga, saliendo del juzgado tras ser detenida / EFE

Venturós fue acusada de delito electoral, pero ignoró los requerimientos del juez. Se libró temporalmente del castigo en marzo de 2017 al ser archivada su causa, pero la Audiencia Provincial la reabrió dos meses después.

4. Diputados y concejales en varias poblaciones en 2016. Los cupaires no tuvieron reparos en rasgar fotografías del rey Felipe VI en el Parlament, primero, y quemarlas en las calles y plazas de 13 localidades, después, el 12 de diciembre de 2016. Los diputados y concejales radicales lo hicieron, de hecho, tras otro episodio de desobediencia: la incomparecencia de cinco activistas vinculados al independentismo que desoyeron la citación judicial por videoconferencia del 7 de diciembre.

Los jóvenes estaban acusados de ser los autores de la quema de estampas del jefe de Estado tras la manifestación secesionista de la Diada de Cataluña el 11 de septiembre de aquel año.

5. Joan Coma, concejal en Vic (Barcelona), en 2016. Pocos días después del show de los radicales dentro y fuera de la Cámara autonómica, los Mossos d'Esquadra detuvieron al edil en Vic (Barcelona) Joan Coma. Lo entregaron a la Guardia Civil, que lo trasladó a la Audiencia Nacional. Allí había sido citado por un presunto delito de incitación a la sedición.

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El exedil de la CUP Joan Coma, en un acto de apoyo a sí mismo en Vic / EFE

El edil fue arrestado en su casa y llevado a declarar ante el juez Ismael Moreno. Posteriormente, el magistrado se inhibió en favor de un juzgado de la localidad barcelonesa. La causa se archivó en junio del pasado año.

6. Maria Rovira, concejal en Barcelona, en 2017. El año pasado fue un ejercicio intenso en las performances de la CUP ante la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Maria Rovira, edil radical en Barcelona, acusó el 8 de septiembre a los Mossos d'Esquadra de "ejecutar extrajudicialmente" a siete yihadistas que habían perpetrado atentados en Las Ramblas y Cambrils (Tarragona).

Fue citada en condición de investigada por el juez tras una querella presentada por el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) en la Fiscalía. Declaró ayer.

7. Eudald Calvo, alcalde de Argentona (Barcelona), en 2017. Eudald Calvo arañó unas horas de gloria en las redes sociales al triturar en su despacho y en falso directo la advertencia del Gobierno y del delegado del Ejecutivo en Cataluña, Enric Millo, sobre la colaboración municipal en el referéndum ilegal del 1-O.

Junto a Calvo, también hizo pedazos la notificación oficial el munícipe de L'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, a la sazón vicepresidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

8. Anna Gabriel, exdiputada en el Parlament, en 2017. Apenas dos días después del episodio de la trituradora del alcalde de la CUP de Argentona, fue la propia Anna Gabriel la que desafío una orden judicial. Fue en Vitoria (País Vasco), donde empezó a dar una conferencia en torno a la consulta ilícita del 1 de octubre.

Pese a que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de la ciudad lo había prohibido, Gabriel inició su alocución. Fue interrumpida por la Policía Local, que le informó de la resolución, interrumpió el acto y desalojó a los asistentes.

9. Marta Llorens y Oriol Ciurana en Reus (Tarragona), en 2017. Los dos ediles de la CUP en el municipio tuvieron que ser arrestados por los Mossos en el interior de las dependencias municipales por negarse a declarar ante el juez tras ser citados en calidad de investigados por un delito de odio. El magistrado investigaba su participación en manifestaciones contra la presencia de la Policía Nacional en la población y la firma de un manifiesto en la misma línea.

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Los dos ediles de la CUP de Reus (Tarragona) detenidos por un presunto delito de odio contra la Policía Nacional / EFE

A diferencia del resto de personas salpicadas por la causa de presunto odio, entre las que se incluyen al propio alcalde, Carles Llorens (PDeCAT), los ediles radicales se negaron a ir al juzgado pese a las reiteradas citaciones.

10. Oriol Corral, exconcejal en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en 2018. El antiguo edil de Som Gramenet, la marca blanca de la CUP en la ciudad del área metropolitana de Barcelona, fue arrestado el pasado 12 de enero. Se había negado a recibir las citaciones judiciales por la ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2013 en el marco de protestas estudiantiles.

Corral participó en la toma de la sede universitaria y fue portavoz en el mismo campus del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la agrupación universitaria cercana a la CUP.

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