Alumnos de infantil, etapa educativa para la que empieza la preinscripción escolar / EP

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Política

El descontrol de las ratios agrieta la lucha contra la segregación escolar

Los ayuntamientos piden diálogo y normas claras sobre el número máximo de alumnos por profesor ante las diferencias entre centros, pero la Generalitat dice que cada municipio es una realidad diferente

11 abril, 2021 00:00

Bajar las ratios escolares, esto es, el número de alumnos a cargo de un profesor, es una de las medidas que el Pacto por la Segregación contempla como fórmula para evitar las desigualdades. Pero varios ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, sobre todo en el Baix Llobregat y el Vallès, han detectado que las ratios varían en función de los municipios, algunos de ellos colindantes. Y también según la titularidad de los colegios, de forma que las ratios son mayores en los centros concertados que en los públicos. Esto provoca que la matrícula viva se concentre en la red pública, lo que fomenta la segregación.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Crónica Global que “las ratios se definen en función de cada municipio, del alumnado que está previsto en cada grupo, para que todos los alumnos tengan plaza”. También se determina “en función de cómo se define el mapa escolar en cada municipio. En algunos se aplica en la escuela pública y en otros también en la concertada. La realidad de cada municipio es diferente, y por lo tanto no hay una regla única”.

El acuerdo de la exconsejera Ruiz

Pero la explicación no convence al PSC. Esther Niubó, diputada y portavoz de Educación de los socialistas, recuerda que “la exconsejera Meritxell Ruiz estableció un acuerdo" con las entidades municipales y el departamento, según el cual, la ratio máxima para los centros con alumnado de máxima complejidad no superaría los 22 alumnos y en el resto de escuelas, entre 25 y 30. “No puede ser que el Govern haga bandera del Pacto contra la Segregación y luego permitan que cada municipio haga lo que quiera. Eso no es preservar la equidad, ni social ni territorial”, señala.

El citado Pacto establece un margen hasta el curso 2022-2023 para establecer esos criterios, pero la socialista entiende que se deberían “haber establecido ya acuerdos, marcar unas normas para bajar las ratios, aunque haya excepciones”.

Dos velocidades en el mismo territorio

Fuentes municipales advierten a este medio que “los concejales están preocupados ante el riesgo de que la falta de criterios claros provoque dos velocidades en un mismo territorio”. Recuerdan que la Ley de Educación de Cataluña reconoce “el deber que tiene el Govern de escuchar al mundo local”. Entre otras cosas porque tiene un mayor control de los flujos migratorios. Sus datos son más rigurosos que los de Idescat, que solo marca tendencias y no está actualizado”.

Estas fuentes reclaman que, tal como se ha hecho con los centros con máxima complejidad económica, donde se marcó una ratio de 22 alumnos –un compromiso que Educació ha cumplido--, también se establezcan normas concretas en el resto de escuelas.

Otros problemas asumidos por los consistorios

El descontrol sobre las ratios se une a otros problemas educativos que los ayuntamientos se ven obligados a soportar a pesar de que la Generalitat es la que tiene la competencia. La gestión de las becas comedor en plena pandemia, los recortes de la financiación de las guarderías, la falta de ordenadores para poder seguir las clases online durante el confinamiento o la insuficiencia de monitores para los alumnos con necesidades especiales.

Por todo ello, PSC-Units ha registrado una batería de preguntas en el Parlament para conocer cómo se distribuirá la matrícula el próximo curso, que era uno de los elementos incluidos en el Pacto contra la Segregación y el Decreto de Admisión aprobado el pasado mes de febrero.