Denuncian que el Cesicat controla "las comunicaciones" de 300.000 funcionarios a través del dominio de la Generalidad

Todos los que trabajan en el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) saben que es una agencia de inteligencia de la Generalidad. "Que se esté creando [la Agencia Nacional de Seguridad] no tengo ni idea, pero sí se hablaba de que el Cesicat era eso: la ANS".

Son palabras de Albert Gabàs, ex asesor externo del Cesicat, organismo dependiente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad (CTTI), dependiente a su vez de la Consejería de Empresa y Empleo, en manos de Felip Puig (CiU).

Gabàs está en el centro de la polémica después de que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, exhibiera en el pasado pleno del Parlamento autonómico el informe del Cesicat que ponía negro sobre blanco la creación de una agencia de inteligencia, y que desde la Generalidad le señalaran con el dedo como filtrador de la información.

"Ciertas monitorizaciones"

Sin embargo, este sábado, en una entrevista para RAC1, el experto en informática ha desmentido ser el autor del informe y que él fuera el que lo ha filtrado a la prensa. Un documento, por otro lado, que ni Artur Mas, presidente autonómico, ni Puig, ni Ramon Espadaler, consejero de Interior, han podido desmentir su veracidad. Tan solo han defendido que ellos no lo encargaron y que, por tanto, desconocían que existía.

Gabàs ha indicado que la relación del Cesicat con la ANS "no es de ahora" y ha asegurado que hay "documentos" que vinculan la entidad autonómica con la supuesta agencia de inteligencia, un organismo que estaría cumpliendo funciones que son competencia exclusiva del Gobierno, a través del CNI.

Además, el experto ex colaborador con el Cesicat ha confirmado que desde este centro se realizan "ciertas monitorizaciones" y ha defendido que esto no es opinable, pues hay licitaciones que, entre sus caracterísiticas técnicas, incluyen la "monitorización para acciones político-sociales" y de control.

"Infinitas" opciones de fuga de información

También ha confirmado que en la Semana Santa de 2012 se vio con Puig para informarle de que se estaban produciendo irregularidades, tanto en la gestión del Cesicat, como desde el punto de vista técnico. Algo que, además, podría demostrar con mails.

Preguntado por las filtraciones, Gabàs ha dicho que "el problema que hay en el Cesicat es que como nunca han hecho seguridad no hay solo una posible opción de fuga sino que hay infinitas"; y ha puesto un ejemplo a partir de un conflicto laboral: "Una empresa subcontratada [por el Cesicat], diría que fraudulentamente, tiene en su grupo [otra empresa] con más de 100 trabajadores sin cobrar desde hace cinco meses".

Se refiere a Incita Security, que "ganó una licitación de 1,5 millones de euros" del Cesicat, mientras el jefe de ventas, entonces, era Marc Lapuente, a su vez miembro de la sectorial de telecomunicaciones de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que dirige Carles Flamerich, entonces, también al frente del Cesicat.

Control de las comunicaciones de 300.000 funcionarios

Finalmente, Gabàs ha denunciado que tanto Puig como Flamerich estarían al tanto de una denuncia interpuesta por la mala praxis en la gestión de Cesicat. El experto informático ha asegurado que uno de los altos cargos del centro tiene "antecendentes penales" y fue detenido por la Guardia Civil "hace muchos años" por un "fraude [en el sector] de telecomunicaciones".

"Este señor tiene montado, lo tengo demostrado en la denuncia, un sistema en la Generalidad de interceptación de las comunicaciones sin ninguna orden judicial en todo el dominio www.gencat.cat, que afecta a lo mejor a 300.000 funcionarios", ha añadido.

Esta demanda -que también incluiría el hackeo de miles de cuentas de la Administración autonómica- fue archivada en la primera instancia y se ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona, después de que los Mossos d'Esquadra, según Gabàs, "mintieran" al juez instructor, que trabajó "con buena fe". La investigación fue realizada por la policía autonómica, que tenía que investigar actuaciones de la propia policía autonómica.