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Comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al Govern tras los indultos a los presos del 1-O / EUROPA PRESS

Primera denuncia contra el fondo del Govern para multas del 'procés'... y Cs lleva el caso a Europa

Convivencia Cívica recurre al Juzgado de Guardia al entender que la Generalitat puede incurrir en malversación y prevaricación cubriendo las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a sus dirigentes

Ricard López
8 min

La decisión del Govern de Cataluña de crear un fondo de diez millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias por haber promocionado el referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O de 2017 con dinero público ha suscitado la indignación de partidos y entidades no secesionistas. La iniciativa ha dado pie este mismo martes a la interposición de una denuncia por parte de Convivencia Cívica Catalana (CCC), y a las abiertas muestras de rechazo de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), formación que ya ha anunciado que llevará el caso a levará a la Comisión Europea.

Convivència Cívica Catalana asegura en un comunicado haber interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y todos sus consellers por "asumir ilegalmente el pago de las cantidades exigidas por el Tribunal de Cuentas".

"Malversación y prevaricación"

En su escrito, la entidad constitucionalista apunta que esos gastos "no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat", puesto que los encausados están acusados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos. A juicio de CCC, esto "constituye malversación de caudales públicos y prevaricación". 

Además de interponer la denuncia, Convivencia Cívica instará un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas en cuanto se confirme que el dinero ha sido depositado en dicho tribunal.

Ciudadanos traslada el caso a la Comisión Europea

Mientras tanto, Ciudadanos denunciará ante la Comisión Europea la creación de este fondo de diez millones de euros por parte del Govern para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a una treintena de dirigentes y exdirigentes de la Generalitat --entre ellos, sus expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras--, y que deben liquidar antes del 21 de julio.

A través de un mensaje en Twitter, el eurodiputado Jordi Cañas ha avanzado que llevará a Bruselas este asunto para advertir de que "una Administración pública europea ha creado un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público", ofreciendo "la fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes".

"Se envalentonan ante la impunidad"

Cañas, eurodiputado y miembro del Comité Permanente de Cs, considera "una burla" que "acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público", y sostiene que la creación de este fondo constituye "una nueva malversación de dinero público que el Tribunal de Cuentas y la propia Fiscalía deben investigar".

Para Cañas, esta decisión del Ejecutivo de ERC y Junts se debe a que "los delincuentes se envalentonan ante la impunidad y la complicidad" que, a su juicio, ofrece el Gobierno español de Pedro Sánchez --que en junio indultó a todos los dirigentes encarcelados por el procés--.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, ha avisado de que, "si es necesario", el partido recurrirá a la Justicia en el caso de que la Generalitat pague las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

Argucia para cubrir a los líderes del 'procés'

Los servicios jurídicos de la Administración catalana hace días que estudiaban cómo auxiliar a esos 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama que liquiden sus fianzas, mientras sigue la investigación para discernir si malversaron dinero público para promover el procés secesionista en el extranjero.

La respuesta llegó este martes con la creación, mediante decreto ley, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), que tendrá una dotación inicial de diez millones de euros.

El encargado de explicar cómo funcionará este mecanismo ha sido el conseller de Economía, Jaume Giró, que ha defendido la, según él, "solidez jurídica" del mismo y ha descartado que el Ejecutivo catalán pueda incurrir en un delito de malversación porque "no es un aval directo" y no habrá "desplazamiento de patrimonio".

Incógnita sobre de qué partida se nutre el fondo

La mecánica, según Giró, se asemejará a la de un seguro privado: será una entidad financiera --aún por concretar, el Govern está conversando con varias-- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat, que se canalizará a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que actuará como gestor provisional hasta que cree un órgano específico con este fin.

Giró ha subrayado que el dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración". "No se darán 10 millones a nadie", ha sostenido el conseller, que no ha aclarado de qué partida se nutrirá el fondo.

Respaldo de la CUP y los comunes

En paralelo a la puesta en marcha de este mecanismo, que ha recibido el aval de la CUP y los comunes --aunque éstos piden que se asegure la "solvencia jurídica" del mismo--, las entidades secesionistas ANC y Òmnium Cultural han reactivado la denominada Caja de Solidaridad, que cuenta en estos momentos con 400.000 euros.

Pese a los argumentos esgrimidos por el Govern, que asegura que el fondo que han creado cumple con el "principio de indemnidad" por el cual una Administración debe "proteger" a sus funcionarios si se les exigen responsabilidades por cuestiones relacionadas con su desempeño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado desde Estonia que el Ejecutivo está estudiando si el mecanismo se ajusta a derecho.

¿Lo aceptará el Tribunal de Cuentas?

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por EFE no han querido adelantar tampoco si aceptarán como fianza de los líderes del procés el fondo aprobado por la Generalitat.

Las fuentes han indicado que el trámite de afianzamiento está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no.