Marta Rovira, secretaria general de ERC y huida hoy de la justicia, se enfrenta a un nuevo cargo de rebelión / CG

Marta Rovira, secretaria general de ERC y huida hoy de la justicia, se enfrenta a un nuevo cargo de rebelión / CG

Política

Uno por uno: los nuevos cargos judiciales contra los líderes del 'procés'

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, asigna 13 presuntos delitos de rebelión, 10 de malversación y 12 de desobediencia a los políticos independentistas

23 marzo, 2018 12:07

¿Qué nuevos presuntos delitos habrían cometido los líderes del procés independentista en Cataluña? El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha comunicado hoy viernes, 23 de marzo, que asigna nuevos tipos penales de rebelión, malversación y desobediencia a los dirigentes que idearon el intento de proceso secesionista en la región.

En el marco de una de las dos macrocausas contra el desafío independentista liderado por el anterior Gobierno catalán, el magistrado ha anunciado nuevos cargos a las defensas de los dirigentes que orquestraron ese órdago. Estos son los nuevos supuestos delitos.

-Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Rebelión y malversación. El expresidente catalán, el ex vicepresidente de Economía y Hacienda y el anterior conseller de Interior son acusados por "participar en la reunión de coordinación policial" del 28 de septiembre con los Mossos d'Esquadra en la que fueron advertidos de algaradas por la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. Asimismo, "conocían", según Llarena, las protestas ante el departamento de Economía y Hacienda que acorralaron a una comitiva judicial y "llamaron a la movilización". Según el juez, "impulsaron un operativo policial autonómico" para que se celebrara el 1-O y los activistas independentistas pudieran "enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

-Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Rebelión. Los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural "movilizaron a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal [del 1-O]". También se les atribuye responsabilidad en las concentraciones del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y Hacienda.

-Marta Rovira. Rebelión. La secretaria general de ERC, según el juez, colaboró para que "hubieran puntos de votación" el 1-O y se le atribuye una "responsabilidad esencial" en los mecanismos de "actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración" para la misma consulta ilegal.

-Jordi Turull. Rebelión. El exconsejero de Presidencia, diputado de JxCAT y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña "impulsó la movilización" como portavoz del Govern. Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum ilegal, según el magistrado. También se le investiga por reclutar a voluntarios para el 1-O y coordinar las infraestructuras informáticas de la misma cita electoral ilícita.

-Raül Romeva. Rebelión y malversación. El exconsejero de Asuntos Exteriores y diputado de ERC en el Parlament "impulsó la creación de estructuras de estado" y favoreció el reconocimiento de la "República Catalana" mediante el Diplocat. Abordó según Llarena la votación exterior para el 1-O y asumió la "atención" a los llamados 'observadores internacionales'.

-Carme Forcadell. Rebelión. La expresidenta del Parlament se enfrenta al tipo penal por su "participación medular desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC". Ya como presidenta de la cámara autonómica sometió a votación de los diputados la legislación del procés. Llarena destaca que "su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases" del desafío independentista. Se le atribuye también la presencia en las manifestaciones del 20S y la "arenga a la movilización" al día siguiente ante la sede del TSJC en Barcelona. "Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república", concluye el juez.

-Toni Comín y Dolors Bassa. Rebelión. Los dos exconsellers de Salud y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias pusieron sus departamentos al servicio del referéndum, según el juez del Tribunal Supremo. Los equipos que gestionaban, agrega el magistrado, habrían supuestamente "permitido el gasto en papeletas, censo y citaciones" para el 1-O.

-Clara Ponsatí. Rebelión. La exconsejera de Enseñanza, hoy prófuga de la justicia en Escocia (Reino Unido), es acusada en rebeldía por "asumir el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su Consejería para garantizar su utilización para el referéndum".

-Josep Rull. Rebelión. El exconsejero de Territorio "participó en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista". Tras el referéndum ilegal del 1-O, según Llarena, impidió que un ferry con efectivos policiales atracara en el Puerto de Palamós.

Desobediencia y malversación

-Lluís Corominas, Luis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet (Mesa del Parlament). Desobediencia. "Tenaz y perseverante desatención" de las órdenes del Tribunal Constitucional (TC).

-Meritxell Borràs, Lluís Puig Gordi, Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Serret. Desobediencia y malversación. Llarena recuerda su "desatención" de los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto del referéndum ilegal del 1-O. Desde sus departamentos, cree el juez, "autorizaron acciones y contrataciones necesarias" para la consulta ilícita. Dispusieron además, supuestamente, fondos públicos para un destino distinto al previsto.

-Mireia Boya y Anna Gabriel. Desobediencia. Las dos exdiputadas de la CUP en el Parlament "desatendieron" a criterio del juez las decisiones del TC al registrar en el Parlament las leyes del referéndum prohibido por el TC y la de transitoriedad jurídica.

Sin acusación adicional

-Artur Mas, Neus Lloveras y Marta Pascal. Al expresidente catalán, la exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la coordinadora general del PDeCAT no se les asignan ilícitos penales extra en el marco de la investigación del proceso independentista.