Menú Buscar
Profesores de Universitaris per la Convivència junto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán / @chantal_moll

El Defensor del Pueblo exige neutralidad ideológica a las universidades catalanas

Fernández Marugán informa a los rectores de su deber de garantizar la pluralidad, la misma semana en que una juez ha condenado a la UB por un manifiesto independentista

8 min

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado un comunicado a los rectores universidades catalanas en el que les recuerda su deber de garantizar la neutralidad ideológica "exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática". Esta institución da la razón a Universitaris per la Convivència (UpC), que esta misma semana ha visto avalada su lucha contra la utilización partidista de los Claustros en una sentencia que anula un manifiesto de la Universitat de Barcelona (UB) en favor de los presos independentistas.

 

El Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada el pasado noviembre por UpC en relación con hechos ocurridos en los centros catalanes en octubre de 2019 que, a juicio de esta asociación, "ponían en peligro la libertad de cátedra, el derecho a la educación y la neutralidad ideológica". Entre otros incidentes, se llamó al boicot y suspensión de clases en apoyo al procés, se alteró el sistema de evaluación y hubo ocupación del espacio público con símbolos partidistas "incluso en período electoral", así como aprobación de manifiestos "de claro contenido político".

Actuaciones informativas

A raíz de esta queja y de otras similares, el Defensor puso en marcha una actuación informativa en la Universitat Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de Barcelona, de Girona, y de Lleida. En las respuestas, los centros aseguraron que hicieron lo posible por mantener la normalidad ante los altercados y por garantizar tanto el derecho de los estudiantes a la huelga como el de asistir a clase con normalidad. Asimismo, justificaron los sistemas de evaluación y la aprobación de manifiestos en los Claustros. En este último caso, las universidades apelan a la libertad de expresión de los claustrales y al derecho a la autonomía universitaria.

En sus conclusiones, el Defensor del Pueblo incide en el deber de neutralidad ideológica que pesa sobre todas las instituciones públicas, universidades incluidas, e informa de que dará conocimiento de los hechos objeto de la queja ante las Cortes Generales, excepto en aquellos casos que permanecen pendientes de pronunciamiento judicial.

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán / EP
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán / EP

Fernández Marugán señala que la institución que encabeza “ha trasladado a los rectores de las universidades consultadas que a juicio del Defensor del Pueblo las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”.

“Por lo demás --añade--, las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática”. Los centros no pueden “asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”, so pena de violar su deber de neutralidad institucional.

Autonomía universitaria

En cuanto a los argumentos esgrimidos en contra por las universidades, UpC advierte de que la libertad de expresión de los claustrales y demás miembros de la comunidad universitaria "es un derecho individual que no puede justificar pronunciamientos unitarios de la institución" y el derecho a la autonomía universitaria "es un derecho de configuración legal que ha de ejercerse en relación con las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la universidad (por ejemplo, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Universidades o artículos. 3 y 4 de la Ley Catalana de Universidades).

"Se trata de un derecho que se fundamenta en la libertad académica, manifestada a su vez en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio, libertades que nada tienen que ver con la asunción de posiciones políticas partidistas, y menos aún cuando tales posiciones son manifiestamente contrarias a los valores del orden constitucional vigente y a los principios propios de la democracia y el estado de derecho".

La reciente sentencia contra la UB

La resolución del Defensor del Pueblo tiene lugar la misma semana que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Barcelona haya dictado una sentencia que también da la razón a Universitaris per la Convivència y considera nulo el acuerdo del Claustro de la UB qe aprobó un manifiesto de defensa de los presos independentistas.

La sentencia también incidía en la necesidad de que determinadas declaraciones, manifiestos y pronunciamientos no quedan cubiertos por la autonomía universitaria y por un inexistente derecho colectivo o institucional a la libertad de expresión. Y suponen, además, una lesión de los derechos individuales a la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho a la educación de sus alumnos y profesores.

Comunicado de ACUP

Por eso, UpC expresa su sorpresa ante el reciente comunicado de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), firmado por los rectores de todas ellas, en el que "un tono más comedido no oculta un contenido muy semejante al de los manifiestos aprobados en 2019 por los claustros catalanes".

"En una situación como la actual, la 'apuesta por el diálogo' o por el descarte de la vía judicial para la resolución de 'conflictos políticos' no puede engañar a nadie: se trata de dar apoyo a una posición política de parte cuya exacerbación ha sumido a Cataluña en una crisis de convivencia que ya nadie ignora. El comunicado supone, cuando menos, la incomprensión del sentido de la división de poderes y la independencia judicial y, por ende, del estado de derecho y la democracia constitucional", indica el colectivo de profesores.

Universitaris per la Convivència, además de celebrar esta respuesta del Defensor del Pueblo, agradece las muestras de apoyo recibidas estos días a raíz de la citada sentencia y manifiesta su firme voluntad de seguir trabajando por unas universidades de todos, que no adopten posiciones políticas oficiales sino que fomenten un debate de ideas sereno y respetuoso que contribuya al tan necesario diálogo entre catalanes.