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La exvicepresidenta catalana Joana Ortega pasea en bicicleta con su compañero sentimental y abogado en el juicio del 9N, Rafael Entrena / EFE

La estrategia de defensa del 9N vuelve a enfrentar a Convergència con Unió

La nueva CDC culpa al abogado de Joana Ortega de forzar la tesis que asegura que no hubo desobediencia al Tribunal Constitucional, criticada por ERC y CUP

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El juicio por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 ha resucitado el histórico enfrentamiento entre CDC y UDC, cuyas relaciones quedaron rotas cuando los convergentes abrazaron el independentismo unilateral. El motivo, en este caso, es la línea de defensa de los acusados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

La estrategia de los abogados que representan a los tres inculpados no solo ha defraudado a sus socios de ERC y CUP, tal como informó ayer Crónica Global, sino que está generando malestar en el seno de PDECat. El expresidente catalán se presentó ante el tribunal, no como un independentista dispuesto a desobedecer a las instituciones españolas, como pretenden los antisistema con la complicidad más o menos disimulada de los republicanos, sino como un mandatario que cumple las leyes.

Los equilibrios de Mas para declararse responsable "político", pero no "jurídico" no han pasado desapercibidos en la órbita secesionista. El expresident quiere capitalizar mediáticamente la vista oral para postularse como un excelente candidato en unas elecciones constituyentes, que sustituirían a un referéndum que se presume imposible, tal es la complicada versión de lo sucedido con la consulta del 9N.

Caza de brujas

De ahí que se haya desatado una auténtica caza de brujas sobre quién impuso esa línea de defensa, que aleja a Mas de una hoja de ruta unilateral que avalan otros dirigentes convergentes como el propio Carles Puigdemont. Y eso ha resucitado las viejos enfrentamientos entre CDC y sus exsocios de UDC.

Entre los nuevos dirigentes de PDECat, cobra fuerza la tesis de que el abogado Rafael Entrena, que representa a la exdirigente de UDC, Joana Ortega –es su actual compañera sentimental–, ha decantado el argumentario hacia posiciones de respeto a la ley. En efecto, la exvicepresidenta intentó demostrar, a preguntas de Entrena, que toda la logística del "proceso participativo" del 9N quedó en manos de los voluntarios, después de que el Tribunal Constitucional prohibiera una consulta con soporte institucional. Es decir, que no hubo desobediencia.

Esa nueva CDC, surgida de la ruptura con sus históricos socios de UDC –la formación democristiana se negó a seguir formando parte de una federación entregada a la independencia unilateral–, cree que la estrategia de Ortega se impuso a los otros dos abogados, Xavier Melero –que representa a Artur Mas– y Jordi Pina –que defiende a Irene Rigau–. Algo inevitable si se quieren evitar contradicciones entre las propias defensas.

Temor a la declaración de Francesc Homs

El juicio sigue hoy con las declaraciones de diferentes dirigentes secesionistas, entre ellos Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat, que también será juzgado por la organización del 9N, pero en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado por ser portavoz de PDECat en el Congreso.

Homs declarará a petición de los tres letrados de la defensa, algo que en medios jurídicos ha despertado cierto asombro. Cualquier resbalón puede ser utilizado en su contra, pues al ser citado como testigo, no solo tiene obligación de decir la verdad, sino que debe responder a las preguntas del fiscal y de las acusaciones. Algo que no han hecho ni Mas, ni Ortega ni Rigau. De ahí que Homs comparezca acompañado de su abogado.