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David Madí, consultor y exdirigente de Convergència

David Madí dice ante el juez que nunca dio credibilidad al apoyo ruso al 'procés'

El exdirigente de Convergència niega haber utilizado sus contactos políticos para favorecer negocios privados en ámbitos como el mercado del agua, el VTC y el coronavirus

5 min

El empresario y excargo de Convergència (CDC) David Madí ha mantenido este lunes ante el juez que no dio credibilidad a las revelaciones del exdirigente de CDC Víctor Terradellas sobre supuestos apoyos en Rusia al procés, y ha negado que aprovechara sus contactos políticos para beneficiar sus negocios.

Según han informado fuentes jurídicas, Madí ha declarado esta mañana como investigado, a petición propia, ante el juez que instruye el denominado caso Voloh sobre supuesto desvío de fondos para el procés secesionista y presunto tráfico de influencias de empresarios que formaban parte del Estado mayor que organizó el referéndum ilegal y unilateral del 1-O.

El fiscal Anticorrupción, ausente

Madí ha accedido a responder a las preguntas de todas las partes, incluido el juez, en una comparecencia a la que no ha acudido el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado, quien hasta ahora ha mantenido una postura escasamente proactiva en la investigación judicial.

Madí, que fue hombre de confianza de Artur Mas en CDC, se le ha preguntado por una conversación que mantuvo con el también imputado Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, en la que este aseguraba que contaba con apoyos en Rusia para la secesión de Cataluña y para la creación de criptomonedas que respaldaran las finanzas de la Generalitat.

David Madí ha recalcado que no dio ninguna credibilidad a las explicaciones de Terradellas y que así se lo hizo saber en esa conversación, que está grabada en el móvil del exdirigente de Relaciones Internacionales de CDC y fue intervenida por la Guardia Civil.

Criptomonedas para la Generalitat

En su declaración, Madí ha afirmado que su conversación sobre criptomonedas fue irrelevante y ha negado que tuviera entre manos un proyecto para crearlas, más allá de un análisis de carácter general sobre este tipo de divisa que, ha añadido, ahora es objeto de preocupación en todos los bancos europeos.

De la misma forma, ha dicho desconocer cómo se costea la estancia del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont en Waterloo --que la Guardia Civil cree que la trama de Voloh financia con fondos públicos- y se ha desvinculado de la organización de la plataforma de agitación secesionista Tsunami Democràtic, pese a que el juez lo sitúa en la cúpula de la entidad junto a otros cargos próximos a Carles Puigdemont.

El investigado ha aclarado que las conversaciones sobre Tsunami Democràtic que mantuvo con su esposa e hijo durante las protestas por la sentencia del procés se enmarcan en ese contexto social y político en Cataluña, en el que eran habituales las alusiones a la plataforma anónima que organizaba las movilizaciones y sabotajes secesionistas.

Negocios privados

Madí ha sido interrogado también sobre las conversaciones telefónicas que según el juez apuntan a que trató de aprovechar sus contactos políticos para favorecer negocios privados en sectores como los VTC, el mercado del agua o el coronavirus.

En relación a los VTC, ha admitido que fue contratado como consultor por empresas del sector para que defendiera sus intereses en la regulación que la Generalitat estaba aprobando y que ese fue el motivo por el que se reunió con el exconseller Damià Calvet, que según su versión mantenía también encuentros en paralelo con representantes de los taxistas.

Detección de coronavirus

También ha reconocido que, a través de la empresa Global Omnium --de la que es filial Aguas de Cataluña, compañía que preside--, trabajó para desarrollar una tecnología que detectara la presencia de Covid-19 en las aguas residuales y que el Departamento de Justicia contactó con su empresa para hacer una prueba piloto de ese proyecto, que finalmente no fructificó.

Respecto a las gestiones que llevó a cabo para que Aguas de Cataluña adquiriera la sociedad Agbar --según la Guardia Civil activando sus contactos políticos para lograr información privilegiada--, Madí ha mantenido que se trataba de una "operación corporativa" entre empresas privadas, por lo que no hay ninguna irregularidad.