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Daniel Fernández (PSC) se sentará en el banquillo en enero

El diputado autonómico socialista será juzgado, junto al ex alcalde de Sabadell y también socialista Manuel Bustos, por presuntamente colocar a dedo a una candidata de su elección en otro ayuntamiento gobernado por el PSC.

Redacción
3 min
El diputado autonómico del PSC Daniel Fernández, imputadopor un supuesto delito de tráfico de influencias, ya tiene fecha para su juicio oral: los días 28 y 29 de enero, según ha decidido este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La apertura de juicio oral debería comportar la renuncia inmediata de Fernández a su escaño, según prometió él mismo en el momento de ser imputado.

En un auto de este jueves, la sala de lo Civil y Penal del TSJC -el tribunal competente para juzgar a Fernández, por su condición de aforado autonómico- fija el inicio de la vista oral contra Fernández el miércoles 28 de enero a las 9:30 de la mañana, continuando al día siguiente y, si fuera necesario, también el viernes 30.

En la vista se juzgará, además de a Fernández, al también socialista Manuel Bustos, ex alcalde de Sabadell, ex dirigente municipalista y principal imputado en otro presunto caso de corrupción, el caso Mercurio; al hermano de este, Francisco Bustos, también concejal en Sabadell por el PSC, y a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), la igualmente socialista María Elena Pérez. Fernández y los hermanos Bustos están acusados de un delito de tráfico de influencias, mientras que Pérez está imputada por prevaricación.

Presuntamente enchufaron a una candidata

Los hechos que se juzgarán ocurrieron en 2012, cuando, según cree el TSJC, Bustos y Fernández actuaron, "mediante el prevalimiento de los cargos que ostentaban" en el partido, para lograr que la alcaldesa de Montcada contratase como directora del Área Territorial del Consistorio -con un sueldo de 52.000 euros brutos anuales- a Carmina Llumà-, pareja del jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, en lugar de a otro candidato mejor preparado.

Según considera la fiscalía, Llumà fue contratada a pesar de que no superó en un primer momento las pruebas de selección -realizadas por una empresa externa-, y en detrimento de otro candidato que sí las superó y que se consideraba como mejor preparado para el puesto.

En el momento de ser imputado, en mayo de este año, Fernández prometió que renunciaría a su escaño, y por tanto, también a los privilegios del aforamiento, si se iniciaba el juicio oral contra él. "Renunciaré a mi sueldo como diputado y registraré ante la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento [autonómico] mi petición de ser suspendido en mis derechos y deberes parlamentarios", proclamó entonces.