Daniel Fernández, en un pleno del Parlamento autonómico

Daniel Fernández, en un pleno del Parlamento autonómico

Política

Daniel Fernández deja su escaño

El diputado autonómico socialista renuncia justo después de que la Cámara rechazara su propia propuesta de suspenderle de sueldo, derechos y deberes como parlamentario mientras se resolviera su caso. Está acusado de tráfico de influencias, en una pieza separada del 'caso Mercurio'.

21 enero, 2015 15:44

El hasta ahora diputado autonómico del PSC Daniel Fernández ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño. Fernández se sentará en el banquillo de los acusados la semana que viene, por tráfico de influencias, en una pieza separada del caso Mercurio. En el momento de ser imputado ya anunció que renunciaría a sus "derechos y deberes" como parlamentario en caso de que se abriera juicio oral contra él.

Fernández ha informado de su renuncia al escaño en un comunicado, poco después de que el pleno del Parlamento autonómico rechazara, en una ajustadísima votación, una petición del propio Fernández para suspenderle temporalmente como diputado hasta que se resolviera su caso.

De hecho, la propuesta se ha quedado a un solo voto de la mayoría absoluta que necesitaba para ser aprobada: el del propio Fernández, que ha declinado participar en la votación. Así, han votado a favor 67 de los 135 diputados de la Cámara (los del PSC, excepto Fernández, y los de CiU), han votado en contra 33 (ERC, C's y la CUP) y se han abstenido 26 (PP e ICV-EUiA).

La propuesta también habría podido prosperar si hubieran votado los representantes de CiU Marta Llorens y Lluís Corominas, ausentes por enfermedad. O si ICV-EUiA, que ayer martes se mostraba a favor de la petición de Fernández, no hubiera cambiado de opinión, en favor de la abstención, este mismo miércoles.

Ya prometió renunciar a sus "derechos y deberes"

Al no aprobarse la propuesta del propio Fernández de ser suspendido temporalmente de su sueldo, derechos y deberes como diputado autonómico, este ha decidido acto seguido renunciar a su escaño. En abril del año pasado, cuando fue imputado, ya anunció que, si el caso llegaba hasta el juicio oral, renunciaría a su "sueldo como diputado", así como pediría "ser suspendido en mis derechos y deberes parlamentarios".

Pese a renunciar a su escaño, Fernández será juzgado igualmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el único competente en el caso de aforados autonómicos. En un comunicado, el TSJC ha aclarado este extremo, precisando que "la competencia sobre quién ha de ser el tribunal que juzga queda fijada cuando se dicta el auto de apertura del juicio".

El juicio contra Fernández tendrá lugar dentro de exactamente una semana, el miércoles 28, y se prolongará al día siguiente si fuera necesario. El dimitido diputado socialista está acusado de un delito de tráfico de influencias, por presuntamente haber contribuido a colocar a dedo a una candidata de su elección en el ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona).

Juzgado junto con Bustos

Junto a Fernández, están igualmente acusados otros dirigentes socialistas: Manuel Bustos, ex alcalde de Sabadell, ex dirigente municipalista -fue presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, que agrupa a consistorios de la órbita socialista- y principal imputado en otro presunto caso de corrupción, el caso Mercurio; el hermano de este, Francisco Bustos, también concejal en Sabadell, y la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez. Todos ellos están acusados de tráfico de influencias salvo Pérez, acusada de prevaricación.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron en 2012, cuando, según cree el TSJC, Bustos y Fernández actuaron, "mediante el prevalimiento de los cargos que ostentaban" en el partido, para lograr que la alcaldesa de Montcada contratase como directora del Área Territorial del Consistorio -con un sueldo de 52.000 euros brutos anuales- a Carmina Llumà, pareja del jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, en lugar de a otro candidato mejor preparado.

Según considera la fiscalía, Llumà fue contratada a pesar de que no superó en un primer momento las pruebas de selección -realizadas por una empresa externa-, y en detrimento de otro candidato que sí las superó y que se consideraba como mejor preparado para el puesto.