Cs pide una aclaración sobre el contrato de seguridad de Santa Coloma que ha terminado en Antifraude

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía pedirá explicaciones al gobierno municipal de Santa Coloma de Gramenet en la sesión plenaria prevista para el próximo lunes sobre el contrato de vigilancia y seguridad en dependencias municipales.

La formación naranja lo ha anunciado este viernes, después de que este medio avanzara que el sindicato ADN Sindical había llevado el contrato de vigilancia y seguridad del Ayuntamiento de Santa Coloma frente a la Oficina Antifraude y la Autoridad Catalana de la Competencia por presuntas irregularidades. 

Contrataron a auxiliares

Ciudadanos solicita al consistorio que "aclare su versión sobre esta situación y sobre cuál es la situación actual de los servicios de vigilancia de dependencias municipales". Cabe recordar que el sindicato denunciante explicó que, tras otorgar el 22 de mayo de 2020 la seguridad de los edificios del consistorio a la empresa Barna Porters Seguretat por 1.358.393,83 euros durante ocho meses –con opción a prorrogar estos servicios un año—, el 1 de julio de 2022 finalizó el contrato. 

En lugar de abrir una nueva licitación o de prorrogar el encargo con la empresa adjudicataria hasta la aprobación de una nueva, el sindicato denuncia que los responsables municipales recurrieron a una empresa de auxiliares para que realizara los servicios de los vigilantes de seguridad, “incumpliendo la ley de seguridad privada”. En concreto, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet contrató a la empresa de auxiliares Catch Control por un corto periodo de tiempo, por cuanto sus trabajadores no están autorizados para llevar arma, a diferencia de los vigilantes.

En consistorio se defiende

El sindicato denuncia que, posteriormente, contrataron a vigilantes de Auservi Seguridad, pese a que en la web del consistorio no se anunció ninguna licitación para la contratación de una nueva empresa mediante concurso público. Pero desde el consistorio se defienden y aclaran que se vieron empujados a "iniciar un nuevo proceso de licitación desde cero elaborando los informes, estudios económicos y pliegos de cláusulas necesarios para poder iniciar el proceso de licitación”. Es decir, un trámite burocrático de meses que hacía necesario recurrir a la vía de la urgencia para garantizar la prestación del servicio entre una concesión y otra.

Sostienen que, hasta el próximo martes 26 de julio, cuando está previsto que se apruebe el inicio de la nueva licitación, el consistorio ha decidido aprobar una contratación menor con otra empresa que cubre las “necesidades mínimas, urgentes e inaplazables” de control de acceso a los edificios municipales, exclusivamente hasta la formalización del nuevo contrato.